Luego de cinco años la Inspectoría del Trabajo en la ciudad de Maracay, abrió sus puertas para atender a un grupo de trabajadores que integran el Comité Nacional de Conflicto.
En dicho encuentro los representantes de los diversos gremios entregaron un pliego de 17 puntos fundamentales, que establecen las mejoras salariales y la recuperación de los derechos laborales que, según la denuncia, paulatinamente les han ido arrebatando.
En tal sentido, Lenín Linares, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) en el estado Aragua y del Departamento de la Mujer Trabajadora «Eumelia Hernández», resaltó que esto forma parte de la agenda de lucha nacional que las organizaciones gremiales y sindicales vienen realizando desde este año.
Precisó que el objetivo del Comité Nacional de Conflicto fue introducir formalmente el pliego de 17 puntos para que el Gobierno nacional atienda las demandas que hacen en colectivo los trabajadores.
«Queremos aplaudir la iniciativa de habernos abierto la puerta de la Inspectoría del Trabajo, que ya teníamos más de cinco años que no ingresábamos (…), no éramos atendidos de manera amable y tenemos que reconocer que por lo menos se movió una comisión del Consejo Legislativo y fuimos atendidos como tiene que ser», manifestó la dirigente.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el uso que algunas empresas privadas están dando al marco legal vigente para reducir su nómina, alegando crisis económicas en plantas que, según los trabajadores, se encuentran operativas.
Linares denunció la «desmedida aplicación del artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo a una serie de empresas que, valiéndose de la ley del trabajo, han botado injustificadamente a trabajadores, aún estando en excelentes condiciones operativas». La vocera hizo énfasis en tres empresas privadas específicas sobre las cuales ya reposan denuncias que todavía no han sido procesadas por el ente ministerial, aseguró.
PUERTA DE EMERGENCIA
La dirigencia de la CUTV también puso el foco sobre la precaria situación de los trabajadores jubilados y adultos mayores. Se solicitó la apertura de una «puerta de urgencia» para atender casos graves de salud, mencionando específicamente la necesidad de medicinas y cirugías de cataratas y próstata.
Linares concretó que, el dirigente fue enfático al describir la realidad económica que obliga a los trabajadores públicos y educadores a buscar ingresos extra para subsistir, cuestionando la narrativa oficial sobre el emprendimiento.
«Necesitamos un cambio de políticas laborales inmediato para que el país pueda levantar las narices y salir del constante ahogo que hemos sentido los trabajadores y que nos ha obligado a estar en la calle con más de cuatro jornadas laborales diarias. A eso que le llaman el emprendimiento no es más que un rebusque que nos obliga muchas veces a financiar los trabajos que tenemos dentro del mismo Estado», sentenció.
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Por su parte, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados del estado Aragua, calificó como un paso «positivo» el inicio de conversaciones para abordar nudos críticos en la región. Sin embargo, fue enfático en que la diplomacia de oficina no sustituye la presión de las bases.
«Creemos que lo positivo es que vamos a darle inicio a unas conversaciones para buscarle soluciones a unos problemas concretos dentro del estado Aragua», señaló el dirigente, puntualizando que el foco está en las violaciones a las contrataciones colectivas, tanto en el sector público como en la empresa privada.
Entre las prioridades locales, Aguilar destacó la urgencia de atender al sector educativo y la crítica situación de salud de los agremiados. «Es vital darle tratamiento a aquellos compañeros que necesitan servicio de salud. No nos conformamos con reuniones; necesitamos la presencia de los trabajadores para transitar el camino de soluciones y no generar conflictos innecesarios», dijo.
El punto más álgido de la declaración fue el contundente rechazo a las bonificaciones impuestas por el Ejecutivo nacional, las cuales -a juicio del gremio- desvirtúan el concepto de salario y precarizan la vida del trabajador. Aguilar tildó de «vulgar propuesta» las asignaciones del Bono de Guerra Económica, calificándolas de insuficientes frente a la realidad inflacionaria.
«No puede ser que 20 dólares para los jubilados, cinco u ocho dólares para los pensionados y 30 dólares para los activos sea la respuesta. Nosotros no estamos mendigando salario ni estamos mendigando bonificaciones. Estamos exigiendo lo que por derecho nos corresponde: un salario digno, acoplado al artículo 91 de nuestra Carta Magna», denunció Aguilar ante los presentes.
SIN PERJUDICAR LA ECONOMÍA
Por último, Freddy Lucena, secretario de organización de Aproupel-El Mácaro, recalcó que son cuatro años que los trabajadores no perciben un aumento salarial, asegurando que están dadas las condiciones económicas para que el Gobierno nacional cumpla con el artículo 91, armonizando el tema salarial anualmente con respecto a la tabla salarial.
«Entendemos los trabajadores que hoy hay recursos en el país producto de la explotación de petróleo, de los minerales raros, del oro, de lo que se recauda en impuestos, de todo eso hay recursos que pueden permitir un ajuste salarial sustancial para los trabajadores», precisó.
Agregó que los trabajadores no quieren perjudicar la economía venezolana, y que no se los pueden señalar de ser responsables de la inflación. «La inflación sigue galopando aun sin aumento salarial, es decir, hay fallas de origen en el tema económico, la política económica del gobierno responsable de la inflación. No son los salarios ni son los pasivos laborales», dijo.
Por otra parte, Lucena precisó que dentro de los universitarios hay una deuda de un conjunto de personas que se jubilaron y aún no les han pagado sus prestaciones sociales, viéndose perjudicados de manera sistemática por la devaluación de la moneda.
«Todo este conjunto de exigencias unida a la derogatoria del memorándum 2792, al instructivo Onapre, a que cesen los despidos hacia el sector educativo a través de las llamadas suspensiones de sueldo, donde eso es un despido indirecto al suspender los sueldos. Que se restituyan los derechos a todos esos trabajadores los cuales son víctimas de atropello por parte del patrón Estado», concretó.
LINO HIDALGO | elsiglo