En un acto reciente celebrado en la sede de Ceproaragua, la Intergremial de Salud del estado Aragua denunció el colapso multidimensional que enfrentan los trabajadores y la infraestructura sanitaria.
El encuentro articuló a colegios profesionales y sindicatos en un frente común que calificó la situación actual no solo como una emergencia, sino como una urgencia nacional.
El ingeniero José Rafael Solano León, integrante de la Intergremial de Salud y moderador del evento, certificó la presencia de representantes de los colegios de Farmacéuticos, Bioanalistas, Enfermeras y Médicos, junto a la delegación de Fetrasalud y Fetraragua.
En su intervención inicial, describió un panorama crítico. «Hablamos de una minusvalía y una opresión que trasciende al sector salud», afirmó Solano León, haciendo un llamado a la solidaridad con los trabajadores de la educación y otros sectores que comparten la misma vulnerabilidad.
EL RECLAMO CONSTITUCIONAL
El fundamento de las demandas se enraíza en la legalidad. Víctor Manuel Maldonado, representante nacional de Fetrasalud, sentó las bases técnicas del reclamo, señalando que la exigencia de un salario justo no es una petición discrecional, sino un mandato constitucional. «El salario actual está en 130 bolívares, una cifra ínfima frente al costo de la cesta básica», denunció Maldonado.
El líder se dirigió directamente al Estado para que asuma su deber con el personal sanitario. Según el representante, el Artículo 91 de la Constitución estipula que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad. Para Maldonado, la brecha entre el ingreso actual y las necesidades básicas ha generado un estado de indigencia laboral que requiere una corrección inmediata.
URGENCIA NACIONAL
Doris Quintana, delegada nacional del Colegio de Enfermería, presentó un listado de exigencias dirigidas a restituir el orden laboral. La dirigente calificó la realidad como una «urgencia nacional» y denunció el uso de instrumentos administrativos para erosionar derechos adquiridos.
Quintana exigió la derogación de la Instrucción Onapre y del Memorando 2792, instrumentos que, a su juicio, «pulverizaron» y «exterminaron» las escalas salariales. «Se eliminó el reconocimiento a la antigüedad y la profesionalización», explicó la delegada, quien también clamó por el reintegro de los trabajadores eliminados de las nóminas por razones políticas y por justicia laboral tras cuatro años de salarios congelados.
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LLAMADO AL DIÁLOGO SOCIAL
Por su parte, Rosa Elena Gelves, presidenta de Fetraragua, actuó como puente hacia la negociación institucional. Gelves subrayó la importancia de la unidad intersectorial y realizó un llamado explícito a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. «Necesitamos una negociación real que devuelva la dignidad al trabajador», expresó la líder sindical.
Gelves propuso el «diálogo social» como el mecanismo de paz idóneo para resolver el conflicto, citando ejemplos internacionales de negociación. La dirigente enfatizó que la lucha abarca a toda la jerarquía del sector, desde médicos hasta el personal de limpieza y mantenimiento, exigiendo que el anuncio de un aumento salarial para el 1º de mayo garantice el «buen vivir» del ciudadano.
INFRAESTRUCTURA EN TERAPIA INTENSIVA
El diagnóstico técnico del sector cerró con la intervención de Blanca León, presidenta del Colegio de Bioanalistas del estado Aragua. La especialista estableció una relación indivisible entre la salud del trabajador y la seguridad del paciente. «La política de bonificaciones no puede sustituir al salario, porque el salario digno es un derecho humano fundamental», afirmó León.
En cuanto a la operatividad, la licenciada reportó una precaria situación en la red de laboratorios públicos, con falta de reactivos y equipos deteriorados, lo que rompe la cadena de atención. Para ilustrar la gravedad, León utilizó una metáfora clínica: el sector ha trascendido el estado de «emergencia» para entrar en una fase de «urgencia», advirtiendo que el sistema se encuentra en «terapia intensiva» y requiere una intervención inmediata para evitar su muerte funcional.
La Intergremial concluyó la jornada con consignas que resumen la lucha: «Salario digno es un derecho humano» y «No es una emergencia, es una urgencia».
RODOLFO GAMARRA | elsiglo
Fotos | JOEL ZAPATA