El Congreso español aprobó este jueves la polémica ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de Cataluña, lo que acerca el posible regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de España desde 2017.
La ley, pactada entre el Partido Socialista (PSOE), que encabeza el Gobierno, y los propios independentistas catalanes, obtuvo 178 votos (mayoría absoluta), con 172 en contra.
Ahora tendrá que ser tramitada por el Senado, donde la derecha tiene mayoría absoluta. Dentro de dos meses volvería al Congreso para la aprobación definitiva, entraría en vigor a finales de mayo y su interpretación y aplicación correspondería a los jueces.
La ley fue respalda hoy por la coalición que forma el Ejecutivo (PSOE y Sumar), el resto de la izquierda y fuerzas nacionalistas e independentistas catalanas y vascas, con la oposición frontal de los conservadores del Partido Popular (PP) y la extrema derecha (Vox).
La sesión parlamentaria transcurrió en un ambiente político cada vez más crispado por la amnistía, pero también por casos de presunta corrupción que salpican a izquierda y derecha.
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Pronunciamiento del presidente
«Un paso valiente y necesario para el reencuentro», dijo el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en redes sociales en alusión a la ley tras participar en la votación, aunque no intervino en el debate parlamentario.
Y añadió: «Con la aprobación de la ley de amnistía abrimos un tiempo nuevo de convivencia y prosperidad en Cataluña».
Sí habló en la cámara el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (PP), para reprochar a Sánchez que haya «acatado todo» lo que pedía el independentismo catalán con el único interés, aseguró, de mantenerse en el poder «un tiempo».
El PP ha llevado a las instituciones europeas su oposición a la amnistía por medio del Partido Popular Europeo (PPE), que la pasada semana pidió a la Comisión Europea un «escrutinio estrecho» de la norma, ya que «ofrece impunidad a crímenes relacionados con el movimiento secesionista, considerado contrario al Estado de Derecho y rechazado por las instituciones europeas».
Los partidos independentistas catalanes Junts (derecha) y ERC (izquierda) celebraron hoy efusivamente la ley, aunque, en términos generales, consideraron que nada termina con ella, sino que el «conflicto político» sigue, sin renunciar a la «autodeterminación».
Compromiso de investidura
La amnistía es un compromiso del PSOE con los independentistas catalanes para que apoyaran la elección parlamentaria (investidura) de Sánchez como jefe del Ejecutivo tras los comicios generales del 23 de julio, pues los socialistas necesitan los votos de otros partidos para poder gobernar.
Y la aprobación de esta ley ‘clave’ de la legislatura despejaría la acción del Gobierno. Sin embargo, el adelanto inesperado de elecciones regionales en Cataluña para el 12 de mayo, anunciado ayer, hizo que Sánchez decidiera no presentar presupuestos del Estado de 2024 (están prorrogados los de 2023) y trabajar ya en los de 2025.
La amnistía se aplicaría entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, y beneficiaría, entre otros, a los responsables del referéndum de «autodeterminación» del 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia posterior, anulados por el Tribunal Constitucional español.
Por esos hechos, fueron condenados a prisión nueve líderes independentistas catalanes en 2019, mientras que Puigdemont, artífice principal del proceso independentista, había huido a Bélgica para eludir la acción de los tribunales españoles.
Una vez aprobada la amnistía definitivamente, se abriría la posibilidad de que el dirigente independentista regresase a España libre de cargos.
Según el Gobierno, también serían amnistiados en torno a 90 agentes de seguridad investigados por las cargas policiales con que trataban de impedir por orden judicial el referéndum citado.
Delitos borrados
Así, la ley de amnistía borra las responsabilidades penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso independentista de los últimos doce años.
La proposición legislativa, presentada en su momento por los socialistas, ha experimentado numerosos cambios por la presión de los partidos independentistas, especialmente Junts, con el fin de garantizar que ningún afectado pueda quedarse fuera de ella.
En el centro de la polémica está el caso de Puigdemont, líder de Junts. El Tribunal Supremo decidió el 29 de febrero pasado investigarlo por considerar que ejercía un «liderazgo absoluto» en la organización independentista Tsunami Democràtic en los graves disturbios de 2019, que constituirían un delito de terrorismo, provocados como reacción a la sentencia de condena de los independentistas.
EFE
LG
