La oposición frontal a la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron se erosiona levemente, aunque resiste y está lejos de plegar velas. Tras la cuarta jornada de manifestaciones nacionales en poco más de un mes, ayer, se prepara la quinta para mañana. El Gobierno francés confía en que la pérdida paulatina de apoyos a la protesta, la división de los sindicatos, la concesiones en la negociación y la política de los hechos consumados le permitan imponer una reforma central en el programa del presidente de la República.
Las más de 200 manifestaciones convocadas ayer en toda Francia sirvieron para medir la capacidad de resistencia de un movimiento que, pese a la erosión del tiempo y a su carácter numéricamente minoritario, goza aún de una amplia simpatía popular. También mantiene la capacidad para perturbar la vida cotidiana de los franceses que viven en áreas metropolitanas como la de París y dependen del metro o el tren de cercanías para desplazarse al trabajo.
Las cifras oficiales reflejan un descenso de participantes en la manifestación de ayer respecto de la anterior, el 17 de diciembre. Ese día salieron a la calle, en todo Francia, 615.000 manifestantes, según el Ministerio del Interior. En la jornada de ayer fueron 452.000. Las cifras que da el sindicato CGT suelen multiplicar por dos o por tres la oficial, pero es significativo que, respecto a la marcha en París, la cifra oficial coincida —incluso es superior— a la del centro independiente Occurrence: 56.000 el primero; 44.000 el segundo.
Más allá de la batalla de cifras, la tendencia señala una bajada lenta del poder de convocatoria sindical, pero insuficiente en todo caso para desinflar el movimiento. Al mismo tiempo, la tendencia descendente indica las dificultades de la protesta para sumar nuevos apoyos y transformarse en un movimiento masivo. Macron y su primer ministro, Édouard Philippe, creen que esto les concede una ventaja clara respecto a las huelgas de 1995, que acabaron forzando al Gobierno a una retirada de una reforma similar.
Un 47% de franceses tiene una opinión positiva del movimiento antirreforma y un 35%, negativa, según un sondeo del instituto Ifop. El apoyo es considerable, pero inferior al de otras movilizaciones similares del pasado, como la de 1995 o la de 2010.
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