El deterioro estructural de los bloques 33, 34 y 40 en el sector 6 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry ha escalado a niveles críticos.
Tras años de filtraciones, los residentes de estos edificios denuncian que las edificaciones se encuentran al borde del colapso, una situación de envergadura que supera las capacidades económicas de la comunidad.
César Rogelio Hortelano Sánchez, habitante fundador del bloque 33, expresó con preocupación que la infraestructura se ha debilitado drásticamente, afectando la seguridad de por lo menos 40 familias.
«Le hago el llamado directamente y encarecidamente a la ciudadana gobernadora del estado, para que seamos incluidos en el Plan Antonio José de Sucre, creado por el Gobierno nacional para la rehabilitación de bloques y edificios», solicitó Hortelano.
El habitante de este edificio, mostró los informes técnicos realizados por organismos de seguridad ciudadana, los cuales ya han verificado el estado de las estructuras. Según explicó, una inspección de Protección Civil dejó en evidencia que el bloque 33 está en «total caos» debido a los daños acumulados.
«Viendo la infraestructura, los expertos sugieren un estudio videoscópico para detectar daños internos en la infraestructura del edificio, porque no solamente es lo que se ve a simple vista, sino internamente la edificación está debilitada», señaló el residente.
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SERVICIOS BÁSICOS BAJO AMENAZA
Además de las paredes y techos, el sistema eléctrico también representa un peligro para los habitantes, ya que las filtraciones han alcanzado los componentes críticos de energía, lo que obligó a una intervención de emergencia por parte de los cuerpos de rescate.
«El tablero eléctrico se había visto también muy afectado por las filtraciones, de hecho la misma comunidad lo medio acomodó. Entonces los bomberos también hicieron inspección en ese tablero eléctrico porque acarreaba un riesgo inminente», puntualizó Hortelano.
Pese a que la problemática data de aproximadamente seis años, los vecinos aseguran haber agotado las instancias regulares en el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía y la Gobernación sin obtener soluciones concretas.
La urgencia es tal que algunas familias ya han abandonado sus hogares antes de que termine de colapsar.
Asimismo, el ciudadano aclaró que no se trata de una falta de voluntad vecinal para reparar los daños, sino de la complejidad técnica que exige la obra.
«Si fuese un daño menor, por supuesto que la misma comunidad acarrearía con esos gastos. Pero este es un tipo de infraestructura que debido al daño que presenta tiene que regirse por las normas Covenin, en lo que respecta a la propiedad vertical. No es solamente llamar a un albañil y pegar un bloque. Se trata de una infraestructura que está totalmente colapsada», concluyó el afectado.
CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo