Este Primero de Mayo, en la avenida Bolívar de Maracay se llevó a cabo una masiva movilización protagonizada por trabajadores del sector público, jubilados y dirigentes sindicales.
Tradicionalmente esta es una fecha icónica para las exigencias de reivindicación laboral a nivel mundial, sin embargo, en Aragua fue un clamor por una transformación política profunda en Venezuela.
El recorrido de esta marcha inició en la avenida Ayacucho, recorrió la avenida Bolívar y luego se dirigió a la Plaza Rotaria, con la intención de dejar un mensaje claro al ejecutivo nacional en cuanto al descontento que impera entre los trabajadores, por no tener un salario digno ajustado al artículo 91 de la Constitución.
Raúl Maldonado, secretario general de Fetraragua, calificó la jornada como un éxito rotundo ya que, la convocatoria, que inicialmente se estimaba para unas 2.000 personas, superó por mucho las expectativas de sus organizadores.
«Hoy los trabajadores dimos una evidente demostración de fuerza y de rechazo a estas políticas económicas de un gobierno negador de los derechos de los trabajadores», afirmó Maldonado.
El dirigente sindical enfatizó que la lucha no se detendrá y ya fijó la mirada en el próximo 29 de mayo, Día del Adulto Mayor. «Exigimos los cambios necesarios para que el país pueda avanzar. Elecciones lo más pronto posible», sentenció.
El descontento se vio exacerbado por los recientes anuncios en materia de bonificaciones. Para Roberto Campero, líder sindical del magisterio y dirigente de Vente Aragua, las medidas son insuficientes y engañosas frente al costo real de la vida en el país.
Campero denunció que, mientras la canasta alimentaria supera los 650 dólares mensuales, el salario mínimo se mantiene congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022. «No es posible que a cinco millones de pensionados se les haya dado un ajuste de 10 dólares, de 60 dólares a 70. Y por si fuera poco, los 50 dólares que acaban de mencionar como parte del salario, es falso, porque se rigen por una política de bonos, y bono no es salario», fustigó el dirigente.
Por su parte, Jhonny Lara, representante de la Coordinadora de Lucha de los Trabajadores de Aragua (CLTA), tildó de «estafa» las declaraciones oficiales recientes y exigió una transformación que permita a los venezolanos gozar de los estándares de vida de países desarrollados.
«Los trabajadores queremos vivir con dignidad, poder tener las cosas que todas las personas en los países desarrollados tienen: una vivienda, un buen trabajo, la alimentación. Es tiempo de hablar con la verdad», señaló Lara.
«Esclavitud moderna»
Desde la perspectiva de los educadores y jubilados, el Profesor Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de Aragua, comparó la situación actual con las luchas históricas de Chicago, pero denunciando un retroceso social sin precedentes.
«Hoy, los trabajadores venezolanos nos encontramos en una situación de esclavitud moderna, en donde el patrono y el gobierno nacional, con un proyecto fracasado, pretenden convertir en esclavos a todos los trabajadores del país», sentenció Aguilar.
Para el docente, la respuesta gubernamental a las expectativas salariales solo sirvió para «prevalecer la ganancia para todos los industriales y minimizar las aspiraciones de los trabajadores». En consecuencia, afirmó que la única vía de solución es un evento electoral «limpio, transparente y democrático» que permita legitimar una nueva dirección política.
La movilización de este Primero de Mayo en la capital aragüeña sumó el respaldo de diversos sectores profesionales, académicos y científicos, quienes coincidieron en un diagnóstico alarmante: la política de «bonificación» del ingreso está destruyendo el patrimonio y la seguridad social de la familia trabajadora venezolana.
Para el sector académico, la situación ha llegado a un punto de no retorno. Freddy Lucena, secretario de Organización de la Aproupel El Mácaro, calificó los anuncios gubernamentales como un golpe directo a la carrera docente y administrativa.
«Lo vivido el día de ayer fue un fraude a los trabajadores. Se violentó totalmente nuestra convención colectiva y se nos está quitando el salario para convertirlo en bono. Los universitarios vamos a radicalizar las acciones para exigir respeto a los derechos laborales», advirtió Lucena.
Crisis en el sector científico y técnico
La indignación también se hizo sentir desde el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Aidé Cantor, representante del sindicato Sitrainia, ofreció un testimonio cargado de emotividad sobre la precariedad que viven los profesionales especializados.
«¡Estamos cansados de esta miseria! Tenemos cuatro años que no tenemos sueldo digno. Queremos vivir dignamente, nos lo merecemos porque somos venezolanos. Somos profesionales, obreros especializados, tenemos una vida trabajando en este país… ¡Pero ya basta! Hoy dijimos basta», exclamó Cantor.
Desde una perspectiva técnica, Héctor Cabrera, presidente del Colegio de Economistas del estado Aragua, desglosó la insuficiencia de los montos anunciados por el Ejecutivo. Cabrera destacó la diferencia conceptual entre «ingreso» y «sueldo», señalando que la política de bonos no contribuye a la calidad de vida a largo plazo.
«Con esa cantidad de ingresos que ellos dicen, no alcanza para tener una buena calidad de vida. Exigimos prestaciones, bonos vacacionales y que no sigan con esa política de bonos que no ayuda en nada», explicó el economista.
Por su parte, Jorge Iván Rodríguez, de los movimientos Puertas Abiertas y Centrado, insistió en que el aumento es «pírrico» debido a su falta de incidencia en los beneficios legales de los trabajadores.
«Ese aumento no significa nada ya que no tiene incidencia en las prestaciones sociales ni en las vacaciones. Fue hecho con indolencia. Aquí estamos en la calle construyendo esperanza, una nueva vía para sacar a Venezuela del marasmo donde fue metida», concluyó Rodríguez.
Clamor ciudadano en Maracay
La jornada de protesta no sólo congregó a los líderes sindicales, sino que sirvió de plataforma para que ciudadanos de a pie expresaran el sentimiento de abandono que impera en diversos sectores de la sociedad aragüeña.
Para muchos de los asistentes, el ajuste anunciado por el Ejecutivo Nacional no representa una mejora real en sus condiciones de vida, sino una maniobra que ignora la hiperinflación y el costo de los servicios básicos. Adita Ríos, manifestante presente en la movilización, fue tajante al describir la situación de los pensionados y jubilados.
«Aquí no hubo incremento de salario. Es una burla más para el trabajador, para el pueblo venezolano, para los jubilados, para la tercera edad», denunció Ríos.
La ciudadana vinculó su descontento económico con una clara exigencia política, manifestando que se mantendrán «en el pavimento» hasta lograr un cambio de administración y el regreso de figuras de liderazgo opositor como María Corina Machado.
La movilización también fue el escenario para reclamos puntuales contra empresas privadas y el incumplimiento de sentencias judiciales. Richard La Cruz, ex trabajador de una reconocida empresa de alimentos, asistió a la marcha no solo para pedir mejoras generales, sino para exigir que se respete su derecho al trabajo tras tres años de haber sido despedido.
«Solicito que se aboquen a la decisión emanada por el Tribunal Supremo de Justicia donde me tiene que reenganchar a mi puesto de trabajo», declaró La Cruz.
Respecto a la situación salarial del país, el ex trabajador apeló al marco legal vigente para justificar la protesta: «Solicitamos que se haga un ajuste salarial acorde al artículo 91 de la Constitución, que especifica que tiene que ser acorde a la canasta básica».
Coalición política y gremial en Aragua
En otro orden de ideas, diversas organizaciones políticas se sumaron a la marcha en Maracay para denunciar lo que califican como una «política de hambre» y una «irresponsabilidad» gubernamental tras los recientes anuncios económicos.
Para Henry Rosales, coordinador del Movimiento por Venezuela en Aragua, la actual estrategia económica del Ejecutivo es una contradicción entre el discurso oficial y la realidad del ciudadano.
Rosales enfatizó que, pese a los reportes de mayores ingresos petroleros, estos no se traducen en bienestar para el hogar venezolano. «El camino de la bonificación expresa un país que habla de una recuperación económica, pero una recuperación que nunca llega. Hoy todos esos incrementos de la venta de petróleo es más que manifiesto que ni llega al bolsillo de los venezolanos, ni llega a la nevera de cada uno de los hogares nuestros», sentenció.
El dirigente fundamentó la urgencia de la protesta citando datos alarmantes sobre la vulnerabilidad social en la región: «El principal problema que sufrimos los venezolanos es precisamente lo que dice el informe de ENCOVI, donde el 84% de los aragüeños padecen de pobreza extrema».
Ante este escenario, Rosales propuso la implementación inmediata de paliativos mientras se logra un salario digno: «Es necesario que se impulsen con prontitud medidas de compensación alimentaria… que nuestros niños vayan a los comedores escolares, que las casas de alimentación regresen a las comunidades».
Desde la perspectiva de Luis Rafael Salas, vicepresidente de Asuntos Políticos de Primero Justicia en Aragua, el acompañamiento de las fuerzas políticas a la clase trabajadora es un paso necesario para restablecer el orden democrático y económico del país.
Salas criticó la falta de incidencia de los bonos en los beneficios de ley, señalando que los trabajadores llevan un lustro sin un ajuste real que proteja su futuro.
«Venezuela hoy merece salarios dignos, Venezuela hoy merece vivir mejor. Ya han sido muchísimos años, vamos para cinco años que Venezuela no tiene un aumento de salario para que eso pueda tener algún tipo de incidencia al momento de los pasivos», explicó Salas.
El representante de Primero Justicia vinculó la solución de la crisis laboral con una salida electoral clara: «Pedimos que se agilice la ruta de tres fases que están establecidos para nosotros poder restablecer la institucionalidad de Venezuela y que sean los venezolanos, a través de una elección libre, quien decida lo que queremos para nuestro país».
CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo
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