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La deportación de migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua bajo el programa conocido como parole ha quedado en suspenso tras una orden emitida por la jueza federal Indira Talwani.
La magistrada determinó que el Gobierno no cumplió con los límites regulatorios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo al intentar reducir drásticamente el plazo de dos años del programa, informó Prensa Latina.
Este plan, implementado por la administración de Joe Biden (2021-2025), busca garantizar una migración ordenada y regular hacia Estados Unidos.
En su fallo, Talwani subrayó que la administración de Donald Trump no puede finalizar de manera categórica las protecciones existentes para estos grupos de migrantes a finales de este mes. Esta decisión representa un nuevo revés legal para Trump en su intento de aplicar políticas migratorias más estrictas.
Trump había prometido durante su campaña electoral ejecutar las mayores deportaciones en la historia del país. Sin embargo, la jueza anuló su decisión de cancelar, el próximo 24 de abril, los beneficios migratorios otorgados por razones humanitarias a los migrantes de los cuatro países mencionados.
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El pasado 21 de marzo, el Gobierno de Trump anunció la revocación del estatus legal temporal para más de 530 mil migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Cuatro días después, se publicó oficialmente en el Registro Federal un aviso sobre el programa, conocido como CHNV (por las iniciales de los países).
Defensores de los migrantes han advertido que esta medida va más allá de deportar a migrantes criminales o indocumentados, ya que busca despojar del estatus legal a quienes ingresaron al país de manera regular.
AVN
GM