El reciente ajuste del ingreso mínimo anunciado por la presidencia interina ha generado un rechazo inmediato en los gremios profesionales. Roberto Campero, dirigente sindical del magisterio, manifestó que la medida no cumple con los requerimientos básicos de la clase trabajadora, advirtiendo que el incremento nominal se ve opacado por la realidad inflacionaria y la falta de incidencia legal en los beneficios laborales de los educadores y el sector público.
Para el sindicalista, la brecha entre el sector público y el privado sigue siendo abismal, señalando que el nuevo monto de 240 dólares integrados llega tras años de estancamiento.
«Indudablemente, que este anuncio no satisface las expectativas de los trabajadores, ni del sector público ni mucho menos privado, por cuanto la empresa privada paga mucho más de lo que hasta hace más de 4 años, desde el 15 de marzo del 2022, fue el último decreto de aumento salarial a 130 bolívares», explicó Campero.
Campero denunció que esta política de «bonos de guerra» y otros incentivos adicionales carece de efectos prestacionales. «Indudablemente, que estos bonos no tienen ningún tipo de incidencia, ni mucho menos para el bono vacacional de los maestros que se efectúa en el mes de julio», afirmó, destacando que los aguinaldos de fin de año también se verán afectados por esta metodología.
En cuanto a los sectores más vulnerables, el dirigente resaltó que los pensionados y jubilados han quedado relegados a un ingreso mensual de apenas 70 dólares, una cifra que tildó de insuficiente. «La canasta alimentaria cuesta 620 dólares, y la cestaticket de un trabajador de la administración pública es de 40 dólares. Es insuficiente, no satisface la expectativa y, por lo demás, es un salario de hambre», sentenció.
Campero sostuvo que el problema de Venezuela trasciende lo económico y se enraíza en una crisis de confianza e institucionalidad tras más de dos décadas de deterioro del aparato productivo. «Venezuela necesita una reconstrucción política, social, y por supuesto, que es necesario que nos reencontremos con todos los sectores. Al haber confianza e independencia de los poderes, podemos contar con el Fondo Monetario Internacional y empresas transnacionales que van a inyectar dinero fresco», aseguró.
Bajo esta premisa, el dirigente enfatizó que las exigencias del sector ya no se limitan únicamente a las tablas salariales, sino que incluyen demandas democráticas y de servicios públicos. «Seguimos en la calle; no solamente estamos reclamando el salario, estamos luchando en contra de los apagones, por la libertad de los presos políticos, un nuevo CNE, cronograma electoral y elecciones libres y democráticas», detalló.
Asimismo, urgió la necesidad de implementar reformas estructurales que garanticen que cualquier aumento no se vea devorado por la devaluación diaria del tipo de cambio oficial. Según su análisis, «urge la necesidad de la independencia del Banco Central. Solamente así, con un cambio de política, un cambio de gobierno, podemos garantizar un desarrollo a corto y mediano plazo para satisfacer la demanda del pueblo trabajador».
El vocero sindical hizo un llamado masivo a la movilización de este primero de mayo en la avenida Ayacucho de Maracay, insistiendo en que la lucha se mantiene firme. «Los derechos de los trabajadores no se negocian, se defienden en la calle, y allí estaremos para lograr una mejor contratación colectiva para los maestros y para todos los trabajadores», concluyó.
CHIQUINQUIRÁ RIVERO