Usuarios del transporte público en el municipio Francisco Linares Alcántara manifestaron este lunes su rechazo al nuevo ajuste en las tarifas del pasaje urbano, luego de que unidades de la ruta Santa Rita-Terminal comenzaran a cobrar hasta 190 bolívares por traslado, monto que consideran excesivo frente a los bajos ingresos que percibe gran parte de la población.
La medida coincide con la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario nacional aprobado por el Ejecutivo y el sector transporte, el cual fija el pasaje urbano en el equivalente a 0,25 dólares calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), con revisiones periódicas vinculadas a la variación cambiaria. Para junio y julio, la tarifa máxima urbana fue establecida en 140 bolívares, aunque algunas rutas periféricas y suburbanas manejan montos superiores dependiendo de la distancia recorrida.
Carmen Calanche, usuaria del servicio, señaló que el incremento no le tomó por sorpresa debido a que ya había visto información sobre el tema en redes sociales, pero considera que la realidad económica de los ciudadanos no permite asumir nuevos aumentos.
«Ya uno había leído que venía un ajuste porque ahora lo están calculando con base en el dólar oficial, pero eso no significa que la gente tenga cómo pagarlo. Los salarios siguen siendo los mismos y cada vez cuesta más movilizarse para ir al trabajo o hacer cualquier diligencia», expresó.
La ciudadana aseguró que muchas familias de Francisco Linares Alcántara dependen del transporte público a diario y deben destinar una parte importante de sus ingresos únicamente para trasladarse.
Por su parte, Patricia Blanco rechazó el nuevo cobro y cuestionó las condiciones en las que prestan servicio las unidades de transporte.
«Montan a un gentío, se los llevan de mala manera y viven aumentando ese pasaje. Vamos de mal en peor», afirmó.
Blanco sostuvo que antes de autorizar nuevos ajustes tarifarios deberían supervisarse las condiciones de las unidades y la calidad del servicio que reciben los pasajeros.
USUARIOS PIDEN FISCALIZACIÓN
Entretanto, Andrés Montes hizo un llamado a los organismos competentes para que inspeccionen las unidades de transporte que operan en la jurisdicción y evalúen las tarifas aplicadas.
«Para el poco ingreso que uno gana, este aumento resulta excesivo. Queremos que revisen las unidades y que también tomen en cuenta la situación de los usuarios, porque no todos tenemos cómo asumir estos costos», manifestó.
Los ciudadanos consultados coincidieron en que el incremento representa una carga adicional para el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde muchos trabajadores dependen de ingresos informales o remuneraciones que, según afirman, no avanzan al mismo ritmo que los costos de los servicios.
El nuevo esquema tarifario del transporte público comenzó a aplicarse este 1 de junio en todo el país y forma parte de un mecanismo de indexación que ajustará periódicamente las tarifas de acuerdo con la tasa oficial del dólar establecida por el BCV.
HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo
fotos | JOEL ZAPATA