Integrantes de la Coordinadora de Lucha de los Trabajadores del estado Aragua (CLTA), acompañados por representantes de la Coordinadora Intergremial de Trabajadores de Mariño, la Corriente Clasista (CCURA) y la asociación civil Soy Ciudadano, acudieron la mañana de este martes a la sede de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para consignar un oficio en el que solicitan la activación de un plan integral de protección dirigido a la población infantil afectada por los recientes terremotos registrados en el país.
El documento, dirigido a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, fue entregado a la Coordinación Judicial de la Circunscripción Judicial del estado Aragua con el propósito de que sea remitido a la máxima instancia judicial competente.
Al respecto, el abogado Johnny Lara, miembro de la Coordinadora de Lucha de los Trabajadores de Aragua, manifestó que la petición surge ante la preocupación por la falta de información oficial sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes luego de la emergencia ocurrida el pasado 24 de junio.
Explicó que la solicitud está sustentada en el artículo 78 de la Constitución y en los artículos 4, 7 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), los cuales establecen la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en la garantía de los derechos de la infancia.
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IDENTIFICACIÓN Y REUNIFICACIÓN
Lara recordó que, tras la tragedia de Vargas en 1999, las instituciones del sistema de protección desarrollaron mecanismos para el registro, identificación y reunificación familiar de menores de edad, además de dictar medidas excepcionales para resguardar a quienes habían quedado desprotegidos.
«Solicitamos que esos mismos planes vuelvan a ejecutarse y que todas las instituciones que conforman el sistema rector se aboquen a atender la situación actual», expresó.
Asimismo, hizo un llamado a organismos como los Tribunales de Protección, Consejos de Protección, Defensorías y Consejos Municipales de Derechos para que trabajen de manera coordinada con fundaciones y asociaciones civiles dedicadas a la atención de la infancia, permitiendo la creación y fortalecimiento de programas de Casas Abrigo.
Según indicó, en el estado Aragua existen únicamente cinco casas abrigo y, a su juicio, estas no cuentan con las condiciones adecuadas para responder a una contingencia de gran magnitud.
El abogado también señaló que las organizaciones sociales requieren información general sobre las necesidades de los menores afectados para poder colaborar con acciones de apoyo, siempre respetando la confidencialidad establecida en el artículo 65 de la Lopnna.
NO SON CULPA DE NADIE
Por su parte, Manuel Vásquez, vocero de la CLTA, afirmó que la consignación del documento forma parte de una iniciativa nacional para exigir el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.
Indicó que, tras los terremotos registrados en varias entidades del país, han surgido múltiples versiones sobre menores desaparecidos o separados de sus familias, situación que, a su juicio, se ha visto agravada por la ausencia de información oficial.
«Los desastres naturales no son culpa de nadie, pero las consecuencias sí generan responsabilidades. Por eso exigimos que se aplique correctamente la ley y que se informe con transparencia sobre la situación de los niños y adolescentes afectados», sostuvo.
Finalmente, Vásquez reiteró que las organizaciones esperan que las autoridades activen los mecanismos previstos en la legislación para garantizar la protección integral de la población infantil y esclarecer cualquier situación derivada de la emergencia sísmica.
HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo
MG