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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia y condenó a siete integrantes del último mando de las FARC a penas alternativas de ocho años de «restricción efectiva de sus derechos» como «máximos responsables de la política criminal de secuestro».
Estas primeras sentencias hacen parte del macrocaso 001, con el que la JEP ha investigado durante siete años los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2016, un trabajo en el que ha registrado una cifra provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 se han acreditado como tales ante el tribunal.
«Esta decisión implica que los siete integrantes del último secretariado de las FARC (…) sean declarados penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en toma de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas», señaló el magistrado Camilo Suárez al leer la sentencia.
Además del último comandante de las antiguas FARC, Rodrigo Londoño, fueron sancionados Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel, Julián Gallo y Rodrigo Granda.
Las sanciones impuestas, que son las primeras dictadas por la JEP y las máximas previstas por la justicia restaurativa para quienes reconozcan su responsabilidad en los hechos investigados y aporten a la verdad, no conllevan penas de cárcel, sino trabajos y acciones sociales.
Esos trabajos incluyen la búsqueda de personas desaparecidas, una acción integral contra minas, la recuperación del medio ambiente y la reparación simbólica a las víctimas, precisó la JEP.
Decepción por las condenas
Víctimas de secuestros de las FARC manifestaron su disconformidad y decepción con estas penas, pues consideran que fueron blandas y que todos los beneficios fueron para los victimarios.
«Lo que hemos visto hoy en la audiencia es que los beneficios se los dieron todos a ellos (a las FARC). Se está beneficiando a los victimarios para que ‘paguen sus penas’ en sus casas o con burocracia», expresó a EFE el general retirado de la Policía Luis Mendieta.
Mendieta, quien estuvo casi doce años en poder de las FARC tras ser secuestrado en la toma guerrillera de Mitú (noviembre de 1998) y ser rescatado en una operación militar en junio de 2010, aseguró que a los «victimarios les darán presupuesto para burocracia (…) es decir, que únicamente hay beneficios para los victimarios».
El general retirado puntualizó que las ventajas que les han dado a las FARC vienen desde el mismo inicio del proceso de negociación de La Habana que terminó con la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016.
Por su parte, la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien estuvo en cautiverio de las FARC más de seis años, desde febrero 2002 hasta julio de 2008, afirmó que como víctimas están «indignadas y dolidas».
Reconocimiento de los crímenes
El antiguo secretariado de las FARC publicó hoy un video en el que reconoce responsabilidades, pide perdón y ratifica su compromiso con la paz y las víctimas.
El video, publicado por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), una entidad de la JEP que acompaña a los firmantes del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC, recopila intervenciones de audiencias del tribunal transicional de los últimos años.
«Con vergüenza debo reconocer mi autoría en una práctica atroz que laceró el alma y el cuerpo de las personas que estuvieron cautivas, y afectamos gravemente a sus familias», afirma Londoño, quien hoy lidera el partido Comunes, surgido de la desmovilización de la guerrilla, en una de sus intervenciones.
El audiovisual enfatiza que más de 9.900 exguerrilleros han comparecido ante la JEP y recuerda que los siete exjefes de las FARC reconocieron de forma «colectiva, ética y moral» su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Primeros exmilitares ante sentencia
Doce exmilitares colombianos que reconocieron haber participado en asesinatos y desapariciones forzadas en el norte del país serán sentenciados hoy por la JEP, dos días después de emitir las primeras condenas contra el último mando de la antigua guerrilla de las FARC por los secuestros.
La JEP concluyó que los exmilitares, que integraron el Batallón de Artillería La Popa, con jurisdicción en el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira, tuvieron «un rol esencial en un plan criminal que presentó asesinatos y desapariciones forzadas como falsas bajas en combate en esta región del país».
Los hechos investigados ocurrieron entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, periodo durante el cual los exmilitares fueron responsables de 135 asesinatos en 77 hechos delictivos, que además causaron otras 192 víctimas indirectas.
«La JEP documentó una afectación multidimensional que se extendió a los familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas para ser presentadas como falsas bajas en combate», señaló ese tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno colombiano y las FARC.
Estos crímenes, llamados coloquialmente ‘falsos positivos’, consistían en reclutar mediante engaños a civiles que luego eran asesinados para luego ser presentados como guerrilleros muertos en combate y, de esta forma, los implicados presentaban resultados por los que obtenían condecoraciones o permisos.
Esta investigación, llamada ‘Subcaso Costa Caribe’, hace parte del macrocaso 03 de la JEP sobre «asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», uno de los once casos abiertos por este tribunal para investigar los crímenes del conflicto armado colombiano.
Como parte del macrocaso 03, la JEP estableció en 2021 que «por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el país entre 2002 y 2008».
Connivencia con paramilitares
Según la JEP, sin la participación de los doce exmilitares del Batallón La Popa que reconocieron su responsabilidad «estos crímenes no se habrían podido cometer ni mantener en el tiempo» en la costa Caribe del país.
La investigación encontró dos patrones de conducta en estos casos: «asesinatos ocurridos en el marco de una relación de connivencia entre los miembros de la fuerza pública y los grupos paramilitares que operaban en la zona» y «asesinatos de personas en situación de vulnerabilidad».
Por esa razón los comparecientes serán sancionados con penas restaurativas por crímenes de lesa humanidad (desaparición forzada, asesinato, tortura y persecución) y de guerra (homicidio de persona protegida).
Los implicados, miembros del Ejército ya retirados del servicio activo, son los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez, y los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez.
Completan la lista los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia, José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas, y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.
La justicia transicional prevé sanciones de carácter restaurativo que implican restricción de la libertad pero no penas de cárcel, combinadas con trabajos de contenido reparador en beneficio de las víctimas. Estas sanciones tienen una duración de entre dos y ocho años de duración, dependiendo del grado de responsabilidad, para quienes reconozcan oportunamente su participación en los crímenes.
CJL