Los habitantes del edificio Samy, ubicado en el boulevard Pérez Almarza con avenida Bolívar de Maracay, municipio Girardot, han elevado su voz ante una situación de incertidumbre que amenaza su estabilidad y derecho a la vivienda.
Esta comunidad, compuesta por 54 apartamentos y más de 180 personas, denuncia la falta de información y la toma de decisiones unilaterales sobre su unidad habitacional por parte de una presunta nueva administración.
El vocero, Oswaldo Gómez, habitante del edificio Samy, relató la cronología de los hechos. Explicó que la problemática se remonta a hace unos dos años cuando recibieron un primer aviso que sembró la preocupación. «Se nos informó que esta unidad habitacional fue vendida a otra persona». No obstante, después de ese primer anuncio, la información se detuvo por completo.
Gómez señaló que la comunidad estuvo en total desconocimiento durante un largo periodo. «Estuvimos durante dos años sin saber ningún tipo de información», afirmó.
La situación escaló hace poco más de un mes con la llegada de personal desconocido al edificio. «Empezaron a llegar una serie de contratas o personas que vinieron a hacer unos trabajos acá en el edificio, hasta llegar al extremo de colocar un sistema de seguridad el cual no nos permitió a nosotros entrar y salir como se hacía anteriormente», detalló Gómez, indicando que, si bien no se les prohíbe el paso, la instalación se hizo sin consenso vecinal.
Esta implementación de medidas de seguridad, sin considerar a la gran cantidad de personas que residen allí de manera permanente, es percibida por los vecinos como una estrategia de presión. Gómez acotó que aunque han sido contactados por una abogada para una cita individual, la comunidad tiene una exigencia clara y unánime.
«La comunidad en reunión, en varias oportunidades, hemos acordado que queremos reunirnos con la comunidad, pero que la abogada venga a reunirse con nosotros para que nos diga en forma general qué es lo que está pasando», exige el vocero, buscando una explicación colectiva y transparente.
La preocupación por el futuro se traduce en un sentimiento de amenaza, según expresó Mali Mieres, otra habitante del edificio Samy con 18 años de residencia. «Nuestra mayor preocupación es que nos sentimos amenazados», sentenció, reflejando el temor colectivo a ser desplazados.
Mieres considera que las acciones tomadas por la nueva administración son un atentado contra sus derechos. «Sentimos esta medida tomada por la nueva administración de la tienda Samy, como una medida de presión hacia nosotros, debido a que ellos nunca nos participaron, no informaron todas estas medidas de seguridad que se están haciendo y se están tomando».
El temor de los vecinos es que el problema escale sin previo aviso. «Sentimos que en cualquier momento ellos pueden tomar una decisión sin participarnos, y venir y agravar nuestra situación, nuestra problemática es la vivienda», advirtió Mali Mieres, enfatizando que lo único que buscan es la protección de su hogar.
Ante la incertidumbre, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades. «Hacemos un llamado a todas las autoridades competentes, a la gobernadora del estado, Joana Sánchez, para que se aboque a la problemática que está ocurriendo», solicitó Gómez.
El vocero recordó la antigüedad de los residentes. «Aquí hay personas que tenemos más de 45 años viviendo aquí en esta comunidad, la familia que tiene menos tiempo viviendo en esta comunidad tiene 15 años acá», pidiendo que se respete el derecho de quienes han hecho vida allí por décadas.
FABIOLA RODRÍGUEZ
GM