Diferentes sectores gremiales que involucran a profesionales y trabajadores acudieron en la mañana de este miércoles a la sede del Circuito Judicial Superior Laboral de Aragua, con el fin de entregar un documento que exige al Tribunal Supremo de Justicia actuar como árbitro ante el deterioro del salario y la pérdida del poder adquisitivo.
La movilización agrupó a médicos, abogados, educadores, obreros, jubilados y amas de casa. Todos demandan el cumplimiento del Artículo 91 de la Constitución, que vincula el salario mínimo con el costo de la canasta básica. Esta convergencia social representa un desafío frontal a la política de bonificación del ingreso, al considerar que los bonos no garantizan prestaciones ni derechos derivados del salario base.
El presidente del Colegio de Médicos, Ramón Rubio, denunció un persistente «silencio administrativo» tras cumplirse tres semanas de la introducción de peticiones ante las salas laborales del TSJ en Caracas. «La falta de respuesta oficial agrava la vulnerabilidad de los jubilados, pensionados y amas de casa», advirtió el doctor. Rubio instó al gobierno interino a respetar los principios de justicia social consagrados en la Carta Magna.
SIN RESPUESTA INSTITUCIONAL
La presidenta de Fetraragua, Rosa Elena Gelves, resaltó que la lucha cuenta con respaldo académico. Citó la demanda introducida en febrero por una comisión de rectores de las facultades de derecho de diversas universidades ante el circuito judicial. «Tras dos meses, la respuesta institucional es nula», denunció la líder sindical. Gelves analizó la contradicción de un mercado abastecido de alimentos frente a una clase trabajadora que no posee poder adquisitivo para acceder a ellos.
Desde la perspectiva jurídica, el presidente del Colegio de Abogados, Roselino Medina, señaló que la «inclemencia» que sufren maestros, jubilados y trabajadores no es un fenómeno coyuntural, sino un deterioro prolongado de años. Medina exigió que tanto el TSJ como los tribunales laborales fijen una posición clara frente al agotamiento de la clase trabajadora.
LA SALARIZACIÓN DE LOS BONOS
El representante de la Alianza Social de Trabajadores de Aragua, Cupertino Peña, centró su exigencia en la «salarización de los bonos». Denunció que el salario mínimo ha permanecido estancado desde marzo de 2022, contraviniendo el mandato de revisión anual. Peña citó el documento introducido formalmente el pasado 2 de febrero ante la Sala Constitucional del TSJ, donde se exige que toda bonificación sea integrada al salario base para garantizar las prestaciones y derechos derivados.
La unidad gremial y académica se consolida como una lucha por la supervivencia y la dignidad del trabajo frente al vacío de respuesta institucional. Los voceros anunciaron que mantendrán la presión en las calles y articulan una ruta nacional hacia el 1 de mayo.
RODOLFO GAMARRA | elsiglo