Durante un foro realizado en la UPEL El Mácaro, municipio Mariño, un grupo de expertos y miembros de distintos gremios educativos discutieron sobre la reconstrucción del salario y la seguridad social en Venezuela, un reto actual que requiere el compromiso de todos los actores de la sociedad venezolana.
El encuentro, coordinado por la dirigencia local, sirvió para diagnosticar la profunda crisis que enfrentan los trabajadores y para plantear posibles rutas de solución tras cuatro años de congelamiento salarial.
UN SALARIO QUE NO ALCANZA
En este sentido, Luis Crespo, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCV, destacó que la precariedad ha derivado en una crisis humanitaria sin precedentes. El también economista señaló que el salario actual, referenciado en 30 centavos de dólar, ni siquiera cubre el costo del transporte.
«Eso ha obligado a reducir la jornada laboral en el sector público a solo dos días por semana», explicó Crespo, quien además subrayó que, pese a superar ciclos de depresión, la recuperación económica prevista para 2026 debe traducirse en justicia social.
EL PELIGRO DE LOS BONOS
Por su parte, Carlos Sarco Lira, secretario de Reivindicación de la Aproupel El Mácaro, expresó su preocupación por la política gubernamental de sustituir el salario por bonos. El representante gremial calificó esta estrategia como una «ficción contable» que anula los derechos laborales. «Al desaparecer el salario real, se destruye la base de cálculo para vacaciones, utilidades y prestaciones sociales, convirtiéndolos en montos simbólicos», afirmó Sarco Lira.
Ante el estancamiento, propuso como medida urgente el aumento de las pensiones del IVSS, ya que «no generan impacto en la retroactividad de las prestaciones» y beneficiarían al 20% de la población que sobrevive en condiciones de hambre.
EL MARCO LEGAL ESTÁ EN EL SUELO
A su vez, León Arismendi, asesor jurídico de la Asociación de Profesores de la UCV, resaltó que la situación actual representa una «destrucción de las bases del trabajo» sin parangón en la historia reciente. El abogado enfatizó que «el salario es la categoría fundamental de las relaciones de trabajo en todo el planeta».
A su juicio, al perder su valor, se fractura el principio de justicia social de la OIT y se vacía de contenido el derecho al trabajo. «Mantener un salario mínimo de 30 centavos de dólar es un atentado contra la Constitución, que ordena un ajuste anual según la canasta básica», sentenció Arismendi.
EL RETO DE LA NEGOCIACIÓN
Finalmente, Freddy Lucena, secretario de organización de Aproupel El Mácaro, insistió en la necesidad de un «debate sincero» entre las partes para romper el estancamiento. El coordinador del foro reconoció la complejidad del cálculo de las prestaciones sociales, que frena a los empleadores, pero exigió el cumplimiento del Artículo 91 de la Constitución.
«El ajuste salarial no es una concesión, es una responsabilidad del Estado para garantizar una vida digna», aseveró Lucena. Los gremios coinciden en que, mientras se resuelve la ecuación prestacional, es imperativo aliviar la emergencia humanitaria actual.
RODOLFO GAMARRA | elsiglo
fotos | JOEL ZAPATA