Expresidente argentino Alberto Fernández amplía su declaratoria en causa de corrupción

El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) amplió este viernes su indagatoria ante la Justicia argentina por la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato.

Fernández pidió ampliar su indagatoria en la causa que investiga un posible entramado de fraude en torno a seguros contratados por organismos estatales a través de Nación Seguros, con millonarios pagos de comisiones a agentes de seguros que habrían actuado como intermediarios.

Ante el juez Sebastián Casanello, el expresidente respondió preguntas y habló sobre su vínculo con el agente de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de su exsecretaria María Cantero, ambos imputados en la causa.

Uno de los elementos clave del expediente es un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que detectó facturaciones de Fernández a Martínez Sosa entre 2010 y 2019 por supuestos servicios profesionales.

Fernández explicó que las facturas estaban asociadas a «un informe de la coyuntura política y económica» que elaboraba para varios clientes. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de su asunción como presidente.

En su defensa, argumentó que la imputación «no es clara, precisa, ni circunstanciada».

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El exmandatario negó haber estado involucrado en ninguna maniobra que tuviera por objetivo perjudicar el patrimonio estatal y pidió por una resolución de la justicia «que sea independiente de presiones externas».

Alberto Fernández fue imputado en febrero pasado por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que lo acusó de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

La denuncia pidió que se investigaran las presuntas irregularidades en torno al decreto firmado por Fernández en diciembre de 2021 por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.

Este viernes, Fernández cuestionó el objeto de la denuncia al señalar que el presunto delito, que consistiría en la firma del Decreto 823/2021, «lejos de direccionar la comisión de algún delito, buscaba evitar y disminuir la intervención de terceros que pudieran poner en riesgo el patrimonio estatal».

En paralelo, la Cámara Federal revocó una medida que mantenía inhibidos los bienes de los acusados, entre ellos Fernández, por considerar que la inhibición «carece de fundamentación suficiente» dadas las circunstancias actuales del caso y el momento en que fue dictada.

«No han surgido ni se invocan indicios de ocultamiento o movimiento de bienes», sostuvo el magistrado Eduardo Farah.
Fernández, además, está procesado en una causa por violencia machista contra su expareja Fabiola Yáñez.

EFE

JV