Una mezcla de indignación y dolor embarga al estado Portuguesa tras revelarse los escabrosos detalles del femicidio de Brithanny Alexandra Zarismar Velásquez Zárate, de 20 años.
Por este hecho, su abuelo, Alexander Sadel Zárate Pérez, de 63 años, fue presentado ante los tribunales competentes como el principal autor material del crimen que ha conmocionado a la opinión pública nacional.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detonante del crimen fue un agudo ataque de celos por parte de Zárate Pérez. El sexagenario se oponía rotundamente a que su nieta mantuviera una relación sentimental con un compañero de clases.
Tras una fuerte discusión motivada por el control que ejercía sobre la joven, el hombre la estranguló. Para ocultar el cuerpo, el victimario contó con la colaboración de Josué Torrelles. Juntos cavaron una fosa improvisada en el patio de la residencia familiar, donde sepultaron el cadáver de la estudiante.
Con la intención de evadir la acción de la justicia, el presunto homicida acudió días después a la sede de los cuerpos de seguridad locales para interponer una denuncia formal por la supuesta «desaparición» de su nieta.
Sin embargo, la coartada no tardó en desmoronarse. Durante las entrevistas e interrogatorios de rigor, los investigadores policiales detectaron severas incongruencias en el relato del abuelo.
Al verse acorralado por las preguntas de los funcionarios, Zárate Pérez se contradijo repetidamente hasta que, finalmente, confesó la autoría del femicidio y reveló el lugar exacto donde yacían los restos de la víctima.
Luego del hallazgo del cuerpo y las experticias de rigor, los señalados fueron trasladados a la audiencia de presentación. Tras evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el tribunal dictó la medida de privación judicial preventiva de libertad para ambos sujetos.
Por la naturaleza y los agravantes del delito de femicidio, la Fiscalía y los representantes legales de la víctima esperan solicitar la pena máxima establecida en la legislación venezolana, equivalente a 30 años de prisión.
Este lamentable caso pasa a engrosar la lista de tragedias familiares que dejan una huella imborrable en la sociedad venezolana. Mientras los imputados permanecen tras las rejas a la espera de su juicio, la comunidad organizada y defensores de los derechos de la mujer claman al unísono que se aplique todo el peso de la ley ante un hecho de inimaginable crueldad.
LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo