La consulta popular convocada este miércoles mediante decreto por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para buscar la aprobación de su reforma laboral que fue rechazada en el Senado, se llevará a cabo el próximo 7 de agosto, día en que el mandatario entra en el último de sus cuatro años de Gobierno.

«Convóquese al pueblo de Colombia a una consulta popular en todo el territorio nacional para que, en ejercicio de su soberanía, el día 7 de agosto de 2025 decida si aprueba o rechaza las siguientes preguntas de trascendencia nacional», señala el artículo 2 del decreto firmado por el mandatario.
Después de una controversia que se arrastró por casi tres meses, Petro firmó ayer el decreto para convocar la consulta popular, pese a que la oposición amenaza con demandarla ante la Justicia, al considerar que el Ejecutivo está pasando por encima del Poder Legislativo, pues el Senado es quien tiene competencia para hacerlo, tesis avalada por muchos juristas.
Sin embargo, el Senado rechazó en marzo pasado la reforma laboral de Petro y el 14 de mayo hizo lo mismo con la solicitud de consulta popular hecha por el presidente el 1° de mayo.
Petro no acepta los dos reveses sufridos en el Senado y acusa a los legisladores de haber «hecho trampa» en la votación sobre la consulta popular, que fue rechazada por 49 votos contra 47 favorables.
En el decreto de ayer, Petro señala que no puede aplicar «por inconstitucional el acto mediante el cual el Senado de la República, en sesión del 14 de mayo de 2025, decidió dar concepto desfavorable frente a la consulta popular del orden nacional, solicitada por el Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, el 1° de mayo de 2025».
Comisión legislativa abre indagación preliminar a Petro
En otro orden de ideas, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una indagación preliminar al presidente Gustavo Petro para determinar la veracidad de las afirmaciones del excanciller Álvaro Leyva, quien lo señaló de tener un presunto problema de adicción a las drogas.
El auto, fechado el 10 de junio pero difundido este miércoles, responde a una denuncia presentada por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, basada en varias cartas que Leyva envió a Petro acusándolo de tener un problema de drogadicción, que según él, estaría afectando su desempeño como jefe de Estado.
Los miembros de la Comisión señalaron en el auto que son «competentes para conocer las denuncias formuladas contra el Presidente de la República por hechos que pueden configurar faltas disciplinarias, indignidad o mala conducta en el ejercicio de sus funciones».
Leyva, quien fue el primer canciller nombrado por Petro al asumir la Presidencia en agosto de 2022, fue suspendido del cargo en enero de 2024 por la Procuraduría General (Ministerio Público) debido a irregularidades en un contrato para la emisión de pasaportes durante su gestión.
Un año después, Leyva comenzó a publicar cartas en las que habla de la supuesta adicción a las drogas del mandatario y los problemas que eso le ha causado en viajes al exterior.
En los escritos, el excanciller del Partido Conservador afirma haber presenciado los supuestos problemas de adicción del presidente izquierdista durante una visita oficial a Francia en junio de 2023, a los que atribuye los retrasos y ausencias frecuentes de Petro en eventos públicos, así como sus comentarios confusos en la red social X.
Con base en estas cartas, Ruiz, quien fue titular de Justicia bajo el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), interpuso la denuncia ante la Comisión de Acusaciones a finales de abril, solicitando que se verifiquen los hechos señalados por Leyva.
La comisión consideró que, aunque Ruiz no tiene conocimiento directo de los hechos, las cartas «contienen afirmaciones que ameritan verificación, en tanto podrían comprometer el cumplimiento de los deberes funcionales, la moralidad pública y la idoneidad del jefe de Estado».
La etapa preliminar de indagación tiene como objetivo «verificar si se ha cometido una falta disciplinaria y si hay mérito para continuar con el proceso».
En el marco de esta indagación, la comisión considera indispensable tomar el testimonio de Leyva, a quien Petro calificó de «víbora» y acusó de formar parte de un «complot» en su contra, motivado, según el presidente, por haber tenido que dejar el cargo de canciller.
CJL