El sector comercial e industrial del estado Aragua atraviesa una de las crisis más agudas de los últimos años. Una combinación de deficiencias estructurales en los servicios públicos y una contracción económica persistente mantiene en jaque a la actividad empresarial, obligando a los propietarios a tomar medidas drásticas para evitar el cese definitivo de sus operaciones.
La realidad en las calles y centros comerciales refleja un panorama de total incertidumbre. Las ventas bajas se han convertido en el síntoma principal de un mercado deprimido.
En este contexto, Héctor Gómez Camperos, presidente de Fedecámaras Aragua, advirtió sobre la vulnerabilidad del sector productivo frente a un entorno que pulveriza cualquier intento de planificación financiera.
«Los comercios enfrentan una difícil situación ya que sus ventas han caído drásticamente por 3 razones principales: los apagones diarios entre 5 y 6 horas que dañan equipos y productos, el bajo poder adquisitivo de la población por el deterioro de sus ingresos por la inflación, y la carga tributaria que se les sigue cobrando a pesar de la crisis eléctrica», señaló el líder gremial.
Para el representante de los empresarios en la región, este escenario adverso ha generado un efecto dominó que atenta directamente contra la estabilidad laboral. Para intentar mantenerse a flote, una gran cantidad de establecimientos se ha visto en la necesidad de cerrar más temprano, despedir personal o, incluso, operar a pérdidas con la esperanza de revertir la tendencia, aunque muchos terminan por cerrar definitivamente.
La sombra de los apagones
El suministro eléctrico se ha consolidado como el obstáculo operativo más crítico de la actualidad. Las interrupciones del servicio no representan un simple contratiempo logístico, sino una parálisis total que afecta de manera transversal a toda la cadena económica, desde un pequeño negocio o emprendimiento hasta la línea de producción de una gran empresa industrial.
De acuerdo con el vocero empresarial, las fallas de la energía «no solo apagan las luces sino que también apagan y merman por completo la operación comercial».
Frente a este escenario, las plantas eléctricas particulares no han resultado ser la solución definitiva debido al alto costo que representa su adquisición y mantenimiento. A esto se suman las severas dificultades para conseguir y almacenar el combustible, bien sea gasolina o gasoil, que se necesita diariamente para mantener activos los generadores.
Aunado a esto, la pérdida del poder de compra del ciudadano común ha reconfigurado por completo las dinámicas de consumo en la región. Ante la inflación y la escasez de recursos, la población se ha visto obligada a realizar compras más calculadas para tratar de aprovechar el tiempo y estirar su dinero de la manera más eficiente posible.
Esta realidad ha consolidado una tendencia digital previa a la compra física. Los usuarios buscan de forma exhaustiva mejores precios y una más rápida entrega de productos en redes sociales antes de salir de casa, intentando cubrir de la mejor forma posible sus necesidades prioritarias, incluyendo la cesta básica.
El clamor por un alivio fiscal
A pesar de que las empresas trabajan a media máquina y bajo condiciones severamente limitadas, las exigencias fiscales no han mostrado ningún tipo de flexibilidad.
Los comerciantes e industriales manifiestan que la presión tributaria continúa intacta, lo que genera una percepción de desamparo frente al Estado. «El sistema los castiga en lugar de apoyarlos», sentenció Gómez Camperos al describir el sentir de los empresarios aragüeños ante la voracidad fiscal en tiempos de crisis.
Ante esta coyuntura, el presidente de Fedecámaras Aragua emitió un llamado urgente a las autoridades regionales y nacionales para que evalúen la compleja realidad del aparato productivo.
La propuesta del gremio se centra en diseñar e implementar en todos los 18 municipios del estado un plan eficaz y equitativo de alivio fiscal compensatorio por los apagones.
Esta medida se plantea como una alternativa temporal indispensable para lograr mantener abiertos los negocios con las santamarias arriba, permitiendo no solo proteger los puestos de trabajo existentes, sino también resguardar la formalidad empresarial tanto en el estado Aragua como en el resto del territorio nacional.
LINO HIDALGO | elsiglo
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