La comunidad de Guasimal las Casas, en el estado Aragua, enfrenta una tensión territorial que pone en riesgo años de planificación vecinal. Seis consejos comunales denuncian la incursión de agentes externos que buscan ocupar espacios destinados a proyectos de interés público, como un liceo, una plaza y áreas deportivas.
Los habitantes organizados advierten que esta acción no solo vulnera su autonomía, sino que amenaza la convivencia pacífica. La zona ya presenta fallas críticas en cloacas, electricidad, gas y asfaltado, por lo que sumar viviendas sin resolver estos problemas profundizaría la crisis de servicios.
Icelis Lugo, habitante y defensora de la parcela, explicó que los terrenos en disputa representan «el activo social de la comunidad». La vecina señaló que allí ya se iniciaron obras como parques y canchas, por lo que considera inadmisible que la Agrupación de Base de Vivienda (ABV) «Renacer» pretenda ocuparlos sin consulta previa.
«No es solo un error urbanístico, es una vulneración a nuestros derechos», afirmó Lugo. La dirigente vecinal exige que se respete la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y que cualquier proyecto habitacional se ejecute solo después de invertir en infraestructura básica para los residentes actuales.
FRENO A LA INVASIÓN
Reinaldo González, integrante del Comité de Ambiente del Sector C, añadió una denuncia ambiental. El vecino aseguró que la ABV «Renacer», dirigida por Petter Arturo Casanova, ha realizado movimientos de tierra y talado especies protegidas como el Samán y el Caro Caro, un delito que ya fue notificado al Ministerio de Ecosocialismo.
González alertó que Casanova «usa el nombre de la gobernadora Joana Sánchez para amedrentar a los vecinos». El ambientalista calificó esta conducta como una usurpación de funciones que genera desprotección estatal y «un foco de instigación al odio» dentro de la comunidad.
«No permitiremos que se destruya nuestro patrimonio natural ni que nos impongan viviendas sin planificación», sentenció González. El dirigente comunal hizo un llamado formal a la Fiscalía General para que investigue los presuntos delitos ambientales y la suplantación de autoridad.
RESPUESTA URGENTE
La comunidad pide una auditoria a la ABV «Renacer» y el cese inmediato de cualquier intervención en el terreno. También exigen que la Gobernación de Aragua y el Ministerio de Hábitat y Vivienda aclaren si han otorgado algún aval a este grupo, algo a lo que los vecinos se oponen rotundamente.
RODOLFO GAMARRA | elsiglo
fotos | JOEL ZAPATA