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Siguiendo con las exigencias de mejoras salariales, los profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) campus Maracay, acordaron durante una asamblea unirse al paro nacional que convocó el magisterio venezolano para este próximo 10 de junio.
En tal sentido, el profesor Pedro Torrecillas, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), anunció que esta acción de lucha unificará a toda la educación del país en una protesta masiva para exigir condiciones de vida dignas para los trabajadores del gremio y la sociedad en general.
El anuncio se produce en un contexto de alta tensión gremial, coincidiendo con una movilización en Caracas frente a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y una reunión programada con la ministra de Educación Superior, donde se trasladarán las exigencias fundamentales de toda la comunidad universitaria.
Al ser consultado sobre la efectividad de las medidas de fuerza previas, considerando que la universidad ya ha ejecutado paralizaciones de 24 horas en el pasado reciente, Torrecillas reconoció que, si bien no se han alcanzado logros materiales concretos en cuanto a las reivindicaciones, el paro sigue siendo el único mecanismo que obliga al Ejecutivo a reaccionar.
«Lo que sí puedo decir responsablemente es que cada vez que convocamos un paro, es la única oportunidad en que el ministerio responde. Esta convocatoria a la reunión de la ministra, que ocurrió el día de ayer, fue precisamente cuando salió la convocatoria de Fapuv señalando que nos incorporábamos al paro del miércoles. Es decir, que el único lenguaje que entiende este Gobierno es el lenguaje del paro de los trabajadores».
EXCLUSIÓN DEL BONO DE PROFESIONALIZACIÓN
La agenda de protestas mantiene su núcleo en las demandas de mejoras salariales, la asignación de un presupuesto universitario justo y la garantía de las providencias estudiantiles esenciales para el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, a este pliego de exigencias se ha sumado un nuevo elemento de descontento: las graves irregularidades detectadas en la asignación del denominado «bono de responsabilidad profesional» o «bono académico».
El representante de la Apucv denunció que esta bonificación incurre en una flagrante discriminación al excluir al personal obrero, administrativo, jubilado y a los profesores contratados o convencionales. Pero el problema va más allá de la exclusión estructural; Torrecillas calificó la gestión gubernamental de ineficiente, desmontando los argumentos oficiales que culpan a las universidades de supuestos retrasos en la entrega de las nóminas.
«La UCV está al día. Vamos a suponer que lo que dice el Gobierno es cierto. El caso concreto es que la UCV entregó los papeles, entregó los papeles y el Gobierno pagó el bono. Y de acuerdo al estudio que hizo nuestra asociación-que realizamos una encuesta que abarcó 2.500 profesores-exactamente el patrón de pago fue el mismo de la otra vez, cuando no le pidieron nómina a la universidad. Y sin embargo ahora, que le pidieron nómina, repiten exactamente el mismo patrón: dejaron por fuera a la mitad de los activos. Cometieron los mismos errores exactamente (…) es decir, a quien le pagaron por debajo de su escalafón le volvieron a pagar por debajo de su escalafón», explicó Torrecilla.
Importante recalcar que el Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, aseguró en sus recientes comunicados que no han tenido información oficial de los lineamientos y/o criterios que fueron utilizados para el cálculo del incremento sobre el ingresos integral de los trabajadores, decretado por parte del Ejecutivo nacional.
Manifestaron que la casa de estudio, «no ha remitido información alguna, para el pago de la asignación de las bonificaciones, incremento de ingreso integral trabajadores y bono de responsabilidad profesional. Los cuales fueron asignados a través del sistema patria».
SIGUE LA LUCHA
Por otra parte, el dirigente profesoral indicó que la universidad no detendrá su cronograma de lucha y se mantendrá en un proceso de movilización constante.
Entre la expectativa de los gremios apunta a la unificación de las fuerzas laborales de distintos sectores del país para presionar por un cambio estructural en la política económica del Estado.
El objetivo final de estas jornadas de protesta es forzar al Ejecutivo a apegarse al hilo constitucional, exigiendo el cumplimiento estricto del artículo 91 de la Constitución en lo referente al salario mínimo y la indexación de los bonos recurrentes para que formen parte del salario integral de los trabajadores, revirtiendo así lo que consideran una política económica destructiva para la clase trabajadora venezolana.
LINO HIDALGO | elsiglo
foto | JOEL ZAPATA