El Supremo español procesa al fiscal general del Estado por revelación de secretos

Un juez del Tribunal Supremo español procesó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos.

El magistrado Ángel Hurtado considera confirmados los indicios de delito contra ellos por filtraciones a la prensa relacionadas con un caso de fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la región de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso.

Según Hurtado, cabe presumir que el fiscal general facilitó a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de González Amador «de común acuerdo» admitía a la Fiscalía la comisión de dos delitos tributarios en su nombre. Esa comunicación le había sido remitida por la fiscal Rodríguez.

El magistrado ha informado del procesamiento al Ministerio Público y a las acusaciones para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral o, por el contrario, pidan el sobreseimiento de la causa.

En el escrito de procesamiento, Hurtado destaca que dicho correo «contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales» de González Amador, «en una conversación privada» entre letrado y fiscal que está «sujeta a criterios de reserva y confidencialidad», según las normas españolas.

Eso lleva aparejado un «deber de discreción», por razón del cual «no es tolerable divulgación alguna a terceros», entre otros argumentos del juez.

Hurtado considera también que el fiscal general filtró el correo electrónico sobre la investigación por fraude fiscal del novio de Díaz Ayuso «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno».

Tras conocerse esta decisión, el fiscal general de Estado anunció que no dimite y defendió su inocencia. Según fuentes fiscales, García Ortíz se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma.

Desde el Gobierno, el minsitro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, negó hoy «categóricamente» que hubiera eventuales instrucciones de la Presidencia del Gobierno al fiscal general del Estado, como recoge el auto del Supremo que le procesa, y lamentó que el TS haga «una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria».

Sin embargo, desde el principal partido de lal oposición, el conservador Partido Popular (PP), su líder, Alberto Núñez Feijóo, señaló tras conocerse el procesamiento, que ha llegado el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y «quien le daba las indicaciones», refiriéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta causa gira en torno a una cuestión muy polémica: de quién había surgido la iniciativa para llegar a un pacto de conformidad entre las partes, si de la Fiscalía, como publicó algún medio, o del lnovio de la presidenta madrileña, González Amador, cuyo abogado reconocía en el correo citado la comisión de dos delitos fiscales.

Este asunto ha polarizado aún más la política española, con ásperos enfrentamientos continuos entre el Gobierno, que preside el socialista Pedro Sánchez, y la oposición de los conservadores (PP) y la extrema derecha (Vox).

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EFE

LG