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El paro que lideran desde finales de abril pasado los gremios docentes del sector público de Panamá es «ilegal», sostuvo este miércoles el contralor del país, Anel Flores, al anunciar la suspensión del salario a 15.000 profesores y opinar que «es hora» de dar la oportunidad a 17.000 maestros que esperan por ingresar a la nómina pública educativa.
«Hay una lista de 17.000 docentes que están esperando para ser nombrados como educadores y simplemente no hay cupos para ellos» en el sistema público. «Creo que es hora de reactivar esa reserva (…) si hay unos que no quieren trabajar que cedan el puesto para el que quiera» hacerlo, declaró Flores en una conferencia de prensa.
Flores aclaró que la decisión de renovar la plantilla docente es del Ministerio de Educación – que tiene una nómina de 51.600 docentes, según datos oficiales – y reiteró su «exhorto a los maestros que hagan un alto en el camino» y retornen a las aulas a impartir conocimiento.
El paro docente indefinido comenzó el pasado 23 de abril y se ha desarrollado de manera irregular, con muchas escuelas abiertas y dando clases, y sin afectar a la educación privada.
Los dirigentes docentes sostienen que sílo levantarán el paro, que defienden como un derecho, cuando el Gobierno del presidente José Raúl Mulino derogue una reforma a la seguridad social ya vigente, que, aseguran estos sindicatos izquierdistas, desmejora las pensiones, privatiza el sistema y conduce a un aumento de edad de jubilación.
El Gobierno acusa una campaña de «mentiras» contra la reforma y descarta derogarla, porque aunque fue modificada por el Parlamento y dista mucho de su propuesta, mejora las prestaciones del sistema y resuelve la crisis financiera que situó a uno de sus dos subsistemas de pensiones al borde de la quiebra.
Flores sostuvo este miércoles que «es notorio que hay una paralización ilegal» y anunció que, «en esta quincena que viene, la suspensión de salarios estará arriba de los 15.000 educadores», que «no asiste» a sus puestos «o llegan a marcar» la asistencia y no trabajan «con la complacencia de directores de las escuelas y de funcionarios del Ministerio de Educación».
Ya en mayo pasado Flores informó que cerca de 2.000 educadores no cobrarían su salario, entonces porque el que «no trabaja no cobra», y señaló que 38 dirigentes sindicales sí recibirían sus salarios porque aparecen en los registros asistiendo a clases aunque en realidad estaban en las calles.
En esta ocasión «82 dirigentes gremiales sí están cobrando (…) los que andan hablando de la huelga, de la paralización y de que la ‘lucha continúa’ y todo lo demás. Ellos sí cobran porque hacen que alguien marque la asistencia por ellos», afirmó.
El dirigente docente, Diógenes Sánchez, negó este miércoles en declaraciones a la prensa local que los agremiados hayan abandonado sus puestos de trabajo, sostuvo que están ejerciendo el derecho constitucional a huelga, y aseveró que tiene más de un mes que no cobra su salario.
A la huelga indefinida docente se unió el pasado 28 de abril el sindicato de la construcción, Suntracs, aunque desde la semana pasada este sector se encuentra plenamente activo, según las autoridades del Gobierno y la patronal.
El sindicato bananero también se encuentra en paro por el tema de la seguridad social, una acción que fue declarada ilegal por un Tribunal de Trabajo y que condujo al despido de casi 6.500 jornaleros y de todo el personal administrativo de la transnacional Chiquita, que alegó pérdidas superiores a los 75 millones de dólares a causa de un problema ajeno a la empresa.
CJL