Sala Constitucional del TSJ suspendió desalojo de inquilinas iniciado por MP

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió una medida cautelar de desalojo a tres adultos mayores de inmuebles alquilados en el edificio Dautar, ubicado en Las Mercedes, municipio Baruta (Miranda), según sentencia 1.375 de fecha 29 de septiembre del 2023.

Sala Constitucional del TSJ suspendió desalojo de inquilinas iniciado por MP elsiglo.com.ve
Sala Constitucional  suspendió desalojo por falsas acusaciones contra inquilinas Foto cortesía

La citada sentencia prohíbe realizar cualquier actuación procesal que conlleve el desalojo de las mencionadas ciudadanas.

La decisión de desalojar a los adultos mayores Betty Rodríguez de Quintero, Jhon Rafael Quintero Rodríguez y Mariela Alejandra Reyes Hernández, fue a petición de la Fiscalía 6ª de Caracas, que imputó a los adultos mayores por la presunta comisión de los delitos de invasión y agavillamiento, por una denuncia interpuesta por Alí Salim Abdul Hadi, quien se presentó como apoderado de la Asociación Civil  Onlus, presunta dueña del edificio.

Por información que pudimos recabar, una de las inquilinas posee contrato de arrendamiento notariado, dicha cualidad se reconoce por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento (SUNAVI). El 4 de julio se presentó el Fiscal 6to del AMC, indicando que debía presentarse al CICPC por estar imputada por presunto delito contra la propiedad, posteriormente lo mismo ocurre con los aptos. 03, 05 y 06 del edificio. Las inquilinas plantean que en dicha reunión se notó la parcialidad del fiscal en el caso.

La familia ingresa como inquilina por anuncio de CENTURY 21 en el 2010, cuya propietaria en aquel entonces era Claudia María Ruettgr, cuñada de Luigi Dacossi, representante de Diego Tolio, dueño de los aptos. 03, 05 y 06, fallecido en Italia en 2018 y ahora la propiedad «pasa» a una ONG: ASOCIACIÓN CIVIL ONLUS. Una de las inquilinas presenta un embarazo de alto riesgo y habita con su madre adulta mayor, reconocida lidereza revolucionaria del sector, nada de ello, ni la cualidad de inquilina evitó la imputación de la fiscalía.

Denuncias de hechos punibles

Esta situación no parece ser la única, ya que la Subcomisión de Vivienda de la Asamblea Nacional, informó que recibió unas 29 denuncias de los estados Aragua, Anzoategui, Barinas,Carabobo, Lara, Miranda y Distrito Capital. En estas denuncias, las familias inquilinas son víctimas de simulación de hecho punible (falsa acusación del presunto delito de invasión) para proceder al desalojo.

Es importante que se sepa que en años anteriores, 23 de septiembre del 2021 con reiteración en junio del 2022, el Fiscal General de la República, Tarek Willam Saab,  transmitió a los fiscales que: “deben ser acuciosos en el examen de las denuncias y querellas sometidas a su consideración, debiendo ponderar detenidamente si ordenan o no la apertura de una investigación penal, todo ello para impedir que el Ministerio Público sea utilizado como instrumento de coacción, convirtiendo el proceso penal en un medio de presión para hacer efectivas obligaciones entre particulares, generalmente de índole civil o mercantil, sin que exista la comisión de hechos punibles”.

La sentencia de la sala establece que  el caso se encuentra involucrado con el derecho humano a una vivienda digna, busca determinar si existe una vulneración del orden jurídico constitucional que pudiera afectar la imagen de los órganos jurisdiccionales y considera graves las denuncias formuladas en relación con la actuación del Ministerio Público y de los jueces que conocieron la mencionada causa, por lo cual ordena remitir copia certificada de la decisión al Ministerio Público, la Comisión Judicial y la Inspectoría General de Tribunales, a los fines que de ser el caso, ejerzan sus competencias por la posible afectación a la transparencia, credibilidad, imparcialidad y la dignidad del Sistema de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

elsiglo

CJL