El Gobierno de Francia acabará con los beneficios fiscales de los que se benefician los propietarios que alquilan viviendas en alquileres turísticos, dentro de su plan para aumentar la oferta para el mercado residencial y favorecer el acceso a la propiedad.
El ministro de la Vivienda, Olivier Klein, afirmó este lunes que trabaja “en la fiscalidad más equivalente posible” entre el alquiler turístico y el destinado a los residentes, en una entrevista a la emisora France Info.
Klein precisó que la primera ministra, Élisabeth Borne, que esta tarde presenta un amplio plan de vivienda, va a lanzar “una reflexión” sobre la fiscalidad. Eso incluye, en particular el hecho de que actualmente los propietarios de apartamentos o viviendas turísticas pueden deducirse el 70 % de los ingresos, algo que no ocurre en el mercado residencial.
El ministro avanzó que se va a ampliar el dispositivo llamado Garantie Visale que permite a los jóvenes de hasta 30 años o a trabajadores con salarios de hasta 1.500 euros mensuales que no disponen de garantías financieras obtener una cobertura pública que asegura al propietario que recibirá los alquileres durante toda la duración del contrato.
El objetivo es que dos millones de personas puedan beneficiarse entre 2023 y 2027, frente a los 882.000 que se han firmado desde su creación en 2016.
También recordó que está en tramitación parlamentaria una nueva limitación de los alquileres al 3,5 %, como la que está en vigor hasta el 30 de junio, para un año más, e hizo notar que si no se prolongara ese techo, la subida en las revalorizaciones anuales sería del 6 %.
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Razones para Francia en evaluar estos beneficios fiscales
Klein reconoció que con la vivienda “hay un riesgo de bomba social” por las dificultades que tienen muchas personas para encontrar un techo abordable y por eso su Gobierno está dispuesto a actuar.
Para favorecer el acceso a la propiedad, avanzó que se va a mantener hasta 2027 el llamado préstamo a tipo cero (PTZ, en sus siglas en francés), que se otorga en complemento a otro préstamo hipotecario a personas que tienen hasta un determinado nivel de ingresos.
El PTZ, que debe servir para la compra de una residencia principal se limitará a partir de ahora a los apartamentos nuevos en zonas consideradas en tensión o a viviendas de segunda mano pero a condición de que se haga una renovación.
Es decir, que ya no se podrá utilizar para la adquisición de casas individuales nuevas. El ministro hizo notar que a ese mecanismo se dedicarán 600 millones de euros anuales de dinero público.
El Gobierno quiere dar un impulso al llamado Contrato Real Solidario (RBS) por el que se separa la propiedad del bien construido del solar, que queda en manos públicas, lo que reduce el precio que hay que pagar para la adquisición de una vivienda.
EFE
JAS
