La junta directiva del Banco Mundial (BM) deberá estudiar el próximo 15 de junio su estrategia de asociación con Túnez para el periodo 2023-2027 después de haberla suspendido en marzo pasado tras las declaraciones “racistas” del presidente Kais Said contra la comunidad subsahariana, informó la agencia estatal TAP.
Según una circular interna a la que tuvo acceso entonces EFE, la institución decidió retrasar “hasta nuevo aviso” la revisión del llamado “Marco de asociación de país” (CPF), que recoge las direcciones estratégicas para compromisos operativos durante cinco años, debido a la campaña “de acoso e incluso violencia” contra los migrantes subsaharianos en el país.
El pasado 21 de febrero Said- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021- llamó a las fuerzas de seguridad a tomar medidas urgentes contra las “hordas” de migrantes, a los que acusó de formar parte de un complot para cambiar la identidad “arabo-musulmana” de Túnez.
Desde entonces cientos de ellos, en su mayoría de Costa de Marfil y Guinea, han solicitado el retorno voluntario a sus países tras haber perdido sus trabajos- a menudo informales- y, en algunos casos, haber sido expulsados de sus viviendas por los propietarios; a lo que se suma los ataques xenófobos y las detenciones arbitrarias.
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¿Qué limita al Banco Mundial asociarse con Túnez?
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de los 60.000 ciudadanos subsaharianos que residen en el país sólo entre el 10 y el 15% no poseen una residencia legal por lo que las ONG reclaman al Gobierno su regulación general.
Túnez, con una deuda pública de cerca del 90% del PIB, espera la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.900 millones de dólares para evitar la banca rota y promete aplicar medidas impopulares como la retirada de subvenciones a productos de primera necesidad y carburantes, la privatización de algunas empresas estatales y la reducción de la masa salarial de la Administración.
Sin embargo, el mandatario ha asegurado que no aceptará los “dictados del exterior” y defiende que el Estado puede valerse de sus propios recursos aunque sin citar cuáles.
El poderoso sindicato UGTT, que reivindica un millón de afiliados, amenaza con movilizaciones en caso de no alcanzar un consenso político y acusa al Gobierno de atacar el derecho sindical después de que varios de sus responsables los hayan detenido en los últimos meses tras convocar movilizaciones.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, alertó en marzo del posible “colapso económico y social” mientras Italia multiplica sus declaraciones públicas a su favor con el fin de evitar el aumento de los flujos migratorios, que se han cuadriplicado en el primer trimestre del año con respecto a 2022.
Las consecuencias de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania han ejercido aún más presión sobre la frágil economía tunecina, con una inflación superior al 10%, la más alta en tres décadas, y desabastecimientos intermitentes de productos básicos como el azúcar y el café.
EFE
JAS
