El Gobierno de Chile decidió el sábado mantener el Estado de excepción constitucional de catástrofe para las regiones del Ñuble, Bío Bío y La Araucanía, debido a los incendios forestales que afectan estas zonas del país suramericano.
Chile se mantiene en alerta
El Ejecutivo chileno tomó la decisión en medio de una campaña de capacitación y sensibilización sobre la necesidad de prevenir los incendios forestales, aumentando la vigilancia y limitando las quemas con fines agrícolas. La medida, rubricada por el presidente Gabriel Boric, se prolongó por espacio de 30 días.
Los incendios forestales en cuestión han consumido ya miles de decenas de hectáreas en esas regiones y las fuerzas de seguridad han agradecido el apoyo de Portugal en los trabajos de extinción y vigilancia.
Zona centro-sur de Chile
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) contabilizó este domingo 20 incendios forestales en combate en la zona centro-sur de Chile, afectada desde inicio de febrero por una ola de fuegos que ha dejado 26 personas fallecidas y más de 430.000 hectáreas calcinadas.
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Chile se mantiene en alerta, el organismo reporta otros 14 fuegos que se mantienen bajo observación y 170 que fueron controlados.
Los incendios en combate disminuyeron significativamente en las últimas semanas, el centenar que se registró al comienzo de la emergencia, a mediados de febrero, se redujo en torno a los 50-60 fuegos en combate, mientras que la semana pasada hubo cerca de 30 activos y esta cierra con alrededor de 20.
Mejora en el control y extinción de los incendios
La mejora en el control y extinción de los incendios provocó que el viernes los jefes de la Defensa Nacional en las regiones de Ñuble y Biobío, 2 de las más perjudicadas por las llamas, decretaran el fin del toque de queda establecido en estos territorios desde el 8 de febrero.
Fue el presidente chileno, Gabriel Boric, quien en plena emergencia solicitó a los altos cargos militares de la zona aplicar la medida para garantizar la seguridad y proteger de robos a las propiedades de las personas afectadas.
La catástrofe, la más mortífera de los últimos años, ha dejado 7.770 personas damnificadas y 2.450 viviendas destruidas.