El sistema de Naciones Unidas en Ecuador instó este viernes al Gobierno de Quito a redoblar las acciones para frenar los femicidios, y se lamentó del asesinato de María Belén Bernal, una joven abogada que desapareció tras visitar a su esposo, el principal sospechoso, en una escuela de formación de policías.
Este crimen “forma parte de una grave situación de violencia contra las mujeres” en Ecuador, remarcó la oficina de la ONU en un comunicado y detalló que, según datos de la Función Judicial, “en lo que va de 2022 se han reportado 264 homicidios intencionales de mujeres, 59 registrados como femicidios”.
Por ello, la delegación internacional instó “a las autoridades del Estado a redoblar sus esfuerzos para la protección de las mujeres y la respuesta contra todas las formas de violencia, mediante acciones concretas”.
Según la ONU, se requieren acciones de “capacitación, protocolos adecuados para todos los servidores públicos, y recursos suficientes para la prestación continua de los servicios esenciales de protección y atención a las sobrevivientes”.
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Asimismo, sugirió a las instituciones del sistema de justicia del país a que “robustezcan su accionar, para no dejar este caso ni ningún otro en la impunidad”.
La ONU lamenta estos actos
La delegación de las Naciones Unidas en Quito Lamentó la muerte de la abogada Bernal, un hecho que conmocionó al país.
“Los hechos sucedidos presuntamente dentro de una institución policial necesitan ser investigados de manera expedita e independiente, y sancionados conforme a la Constitución y la ley”, recomendó la delegación de la ONU.
Femicidios en Ecuador
“La violencia de género es inadmisible y evitable. Todas las personas, y desde todos los sectores, podemos y debemos contribuir para promover políticas de prevención, y erradicar esta dolorosa vulneración de los derechos humanos, mediante la educación, la sensibilización, la denuncia oportuna, el apoyo a las víctimas, y el envío de un mensaje claro de cero tolerancia”, remarcó en el comunicado.
Localizaron el cuerpo de Bernal, el pasado miércoles -diez días después de su desaparición- en un cerro cercano a la Escuela Superior de Policía, según un informe policial de la autopsia su muerte ocurrió por estrangulación y asfixia.
La familia de la víctima ha pedido ayuda a las universidades para apoyar las investigaciones del caso, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) que supervise el proceso.
