La Fiscalía chilena anunció este martes que citará al general director de Carabineros, Ricardo Yañez, como imputado por eventuales delitos contra los derechos humanos cometidos por la Policía durante la ola de protestas en 2019.
La investigación, hoy en manos de la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la fiscal Ximena Chong, inició en 2019 en Valparaíso y puso el foco en el actual jefe de Carabineros por su rol como director de Orden y Seguridad al momento de estallar las masivas movilizaciones en el país.
Según publicó el diario El Mercurio, la diligencia se enmarca en la indagatoria por presuntos crímenes de lesa humanidad, aunque está vinculada a una causa iniciada en 2021 que busca establecer responsabilidades de mando por supuestos “delitos de omisión” en apremios ilegítimos ocurridos durante la revuelta social, entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021.
Yañez ya declaró en calidad de imputado en febrero pasado, cuando también al mando de la institución militarizada fue citado por la fiscal jefe de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien estuvo a cargo de la investigación en una primera fase.
En dichas declaraciones, Yañez descartó una política de ataque sistemático contra la población civil, apuntando como prueba el hecho de que “no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros”.
“Muy por el contrario, las más de 81 instrucciones que impartí fueron en el sentido contrario, esto es, cumplir con los protocolos establecidos, desplegar controles de línea, respetar integridad de detenidos y esto aun en situaciones de agresión a carabineros o en que se hayan visto sobrepasados, por mucho que se haya tenido el interés de recuperar el orden público”, sostuvo entonces el oficial.
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en un clamor por un modelo económico más justo y con más derechos sociales.
Las revueltas dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, señalamientos por violaciones generalizadas a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad por parte de Naciones Unidas y Human Rights Watch, además de episodios de violencia que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas.
Los casos más polémicos protagonizados por agentes del Estado durante la ola de protestas fueron los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, que se quedaron completamente ciegos tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en su rostro.
Para encausar el descontento social por la vía institucional, políticos de todos los sectores acordaron un proceso constituyente para dejar atrás la carta magna escrita en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada luego en 2005.
El resultado, la propuesta de nueva ley fundamental para el país suramericano redactada por un organismo paritario y con escaños reservados para pueblos indígenas integrado por 154 convencionales, será votado en un plebiscito obligatorio el próximo 4 de septiembre.
FUENTE: EFE
