En los últimos 4 meses ha sido el más mencionado en el país y de qué forma. Es malquerido donde quiera que lo llamen a colación; por el nombre es poco conocido, aunque sus acérrimos críticos y detractores lo resumen con un “seudónimo”, amén de las referencias que le tienen, unas calificaciones que simplifican el malestar colectivo, porque quienes están vinculados a este, en mala hora como ellos mismos dicen, han hecho saber, que se convirtió en una herramienta que desmejora sus ya golpeados salarios y otros beneficios conseguidos en la lucha nacional de aproximadamente 90 años.
El instrumento “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas” lo presentó la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior a través de la Circular 2792 de fecha 15 de marzo 2022; quienes se oponen a este aseguran, que en esa dependencia se patentó, por lo tanto, es importante llamarlo como corresponden, “instructivo Onapre”.
Llegó el mes ocho de este año y el malestar se puede describir, no solamente de increíble, sino de una magnitud sin procedentes, desazón que ha ganado a lo largo y ancho del país y que se fue intensificando cuando los trabajadores de los diferentes sectores fueron asimilando que la nueva normativa, según los diversos juicios, pasa por encima de los convenios colectivos que estaban vigentes desde el 1 de agosto de 2021.
En Maracay, como en diferentes ciudades del país, se han registrado movilizaciones para protestar en contra de este instructivo.
En las últimas semanas, en la Ciudad Jardín, se han hecho recurrentes las actividades para rechazar el instructivo Onapre. La avenida Miranda, la plaza Bicentenaria, la avenida Bolívar y la 19 de Abril, han sido los puntos donde más se han visto las concentraciones, si bien pacíficas, también con arrebato, porque los protestantes aseguran que a través de una “nefasta estrategia” le están quitando sus recursos, minimizando los esfuerzos de años en su entrega laboral, los sacrificios individuales y familiares, además, la voluntad de superación profesional y de oficio.
Luis Escalona, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL Mácaro aseguró que el rechazo al mencionado instructivo continuará hasta tanto se anule, porque su aplicación es inconstitucional.
“Su aplicación cercena todas las convenciones colectivas y tablas salariales que hemos venido percibiendo desde años pasados, gracias a las constantes luchas”, indicó, precisando que el instrumento viola los artículos 21, 25, 26, 27, 87, 89, 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Expuso que han realizado una revisión a los preceptos de la Carta Magna que considerando vulnerados, comenzando que en el 21 se establece que “todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.
En nuestro análisis, dijo, todo el personal que labora en la administración pública (educación, salud, industrias básicas entre otros) están siendo discriminados frente a otros empleados públicos (militares), por lo tanto, no existe ni las condiciones ni el reconocimiento y por consiguiente a los empleados públicos se le han violentado sus derechos y privado de libertad en el disfrute de los beneficios obtenidos a través de las diferentes contrataciones o convenciones colectivas.
Cabe destacar, que en el Art. 21, se garantiza las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva (…); Con el instructivo “no existen garantías jurídicas ni administrativas con su aplicación ya que vulnera, discrimina y margina a todos los trabajadores, porque su finalidad es crear un salario único que aplana y elimina todos los acuerdos establecidos en las convenciones colectivas; un salario único para un único trabajador”.
Escalona indicó que en el artículo 25 se refiere que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
Por lo tanto aseveró que “la aplicación de este instrumento violatorio publicado por la Oficina Nacional de Presupuesto, es nulo, ya que viola flagrantemente la CRBV en diferentes artículos, por consiguiente el sector universitario ha sancionado con responsabilidad civil y administrativos a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en la construcción y puesta en ejecución de este instrumento nefasto”.
En relación al artículo 26 (toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”, el representante de Aproupel El Mácaro puntualizó “los profesionales, empleados y obreros que laboran en el sector público, se encuentran en un estado de indefención jurídica, ya que el sistema de justicia Venezolano no es capaz de ofrecer ningún tipo de protección a sus trabajadores, porque al alzar la voz para reclamar sus derechos inmediatamente son sancionados y sometidos al escarnio público tildándolos de traidores entre otros adjetivos.
Sobre el artículo 27, Escalona precisó que viola, menoscaba todos los preceptos y garantías constitucionales, “ya al introducir un recurso de amparo donde se solicita a la máxima magistratura del Estado eliminar este instrumento infausto, acepta en principio el documento, pero posteriormente lo declara inadmisible manteniéndolo en vigencia, es decir no existe estado de derecho y de indefensión ya que ningún ciudadano goza de ese amparo ante la justicia venezolana”.
El artículo 87 estipula que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar (…), por lo que comentó que el Estado actualmente no garantiza a los trabajadores del sector público las condiciones, dignas y decorosas para ejercer su loable labor, situación que se agravó -subrayó- producto de la Pandemia, sumado al “deterioro de la infraestructura por abandono o porque las mismas han sido vandalizadas”.
En este sentido resaltó que los trabajadores “están siendo sometidos, maniatados y forzados a ejercer su loable labor bajo un clima de restricciones sociales, económicas – salariales y políticas, dejándolos en un estado de indefensión total”.
Escalona del artículo 89 hizo referencia que el instructivo Onapre pulveriza intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, con su promulgación todos los beneficios derivados de las luchas gremiales convertidas en contrataciones y convenciones colectivas fueron eliminadas abruptamente desfavoreciendo a todos los trabajadores en más de un 60% del salario que se estaba devengando.
“Los trabajadores del sector publico ahora más que nunca reivindicamos el derecho al trabajo y exigimos el respeto y pleno cumplimento de las contrataciones colectivas que son el instrumento legítimo para el pago del salario y de los beneficios establecidos en las mismas, es decir, este instructivo debe ser anulado de inmediato ya que menoscaba el derecho al convenimiento de la relación laboral entre los trabajadores y los patronos. Al ser nulo, no puede ser instrumento por la cual se rijan los sueldos y salariaros de los empleados del sector publico, por lo que debe reconocerse de inmediato las convenciones y contrataciones colectivas, que son el fruto de las luchas para las justas reivindicaciones de los todos los trabajadores”, apuntó.
-El instructivo Onapre, es una medida impuesta por el patrono que contradice el texto constitucional, por lo tanto se exige la nulidad inmediata de este catastrófico instrumento – enfatizó.
Finalmente Escalona abordó el punto del artículo 91, en que el se establece que “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa (…) El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento.
“Con la promulgación de este instructivo, la prolongada hiperinflación ha pulverizado al valor del salario y el valor de nuestra moneda, razón por la cual el dólar se ha convertido en moneda de uso corriente en prácticamente todas las transacciones comerciales, y en valor de referencia para la fijación de los precios”, detalló.
Sentenció que “la pulverización del salario ha sometido a los trabajadores de todos los sectores y sus familiares a la pérdida continuada de todos sus derechos sociales. En consecuencia, demandamos el cumplimiento estricto en este artículo, es decir, que permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, con base en el costo de la canasta básica”.
SIGUEN EN LA LUCHA
Teodomiro Aguilar (Asoc. Educadores Jubilados y Pensionados): “Seguimos dando respuesta al atropello y humillación por parte del Ministerio de Educación, que conjuntamente con ese parapeto llamado Onapre se ha convertido en el enemigo número 1 de los trabajadores de la administración pública, porque le está robando el salario a los trabajadores, lo último que han hecho, es cercenar en cuanto a la cantidad del pago del bono vacacional y el bono recreacional y los 28 días adicionales que acoge a los trabajadores activos. Exigimos la derogación inmediata del instructivo Onapre para entrar en solución a la problemática que tenemos en cuanto a cálculos de los salarios de los trabajadores”.
William Acosta (Simprotec): “Hemos salido a protestar de forma enérgica. Ya desde hace un tiempo, el gobierno nacional, a través de un parapeto, llamado Onapre, ha venido desmejorando nuestras condiciones laborales y derechos adquiridos, llegando al extremo, de no pagar las demandas del ajuste salarial y el bono vacacional. Es bueno recordarle al gobierno, que el artículo 109 de la Ley del Trabajo estipula que mientras no se pague lo acordado en fechas establecidas, las vacaciones se dan por interrumpidas. Esto es la continuación de una lucha que venimos realizando y no nos vamos a detener, es necesario y justo. Hago un llamado a la ciudadana gobernadora Karina Carpio, a quien le reconocemos su sensibilidad social, que se pronuncie e intervenga en esta problemática, porque también afecta a los educadores que están bajo su responsabilidad”.
Maribel Bernal (Suma-Aragua): “Los maestros tenemos 90 años luchando por mejoras salariales y eso lo hemos conseguido a través de las convenciones colectivas y pateando las calles. De un solo plumazo, la segunda convención colectiva no se cumplió, nos quitaron 280% lineal sin meter las incidencias del caso. Exigimos derogar el instructivo Onapre, porque está arremetiendo y socavando las ganancias que hemos obtenido como lucha. Con ese instrumento nos quitaron el derecho de varias primas, y algunas otras no las redujeron, al mismo tiempo violando la Ley del Trabajo, la CRBV y todas las convenciones colectivas que son parte del trabajador. Con este instructivo somos atropellados todos, ingenieros, abogados, docentes, médicos, enfermeras, técnicos superiores y otros profesionales”.
CONVOCATORIA
Mañana, a las 9:00am, en las inmediaciones de la Unidad Educativa República de México), entre las avenidas Bolívar y Páez de Maracay, se concentrarán integrantes de los diferentes gremios del sector público para continuar reclamando la aplicación del instructivo Onapre.
DESMEJORAS (una realidad)
La prima de actividad universitaria vigente en el Instructivo de la IV Convención Colectiva Única del 1 de agosto de 2021 tenía como base de cálculo 25% del salario básico del trabajador universitario y actualmente fue rebajada a 12,5 %, es decir, un profesor asociado, a quien le correspondería una prima por actividad universitaria de Bs. 97,9, gana en la actualidad y con base al instructivo la cantidad de Bs.16,25, una desmejora equivalente a Bs. 81,65.
Un obrero en grado 7 a quien le correspondería una prima de actividad universitaria equivalente a Bs. 48,77, percibe actualmente Bs. 16,25, lo que hace que deje de percibir Bs. 32,52 tras la publicación del instructivo (Fuente: Documental).
CONFLICTOS LABORALES
Más de 880 reclamos laborales se han registrados en el país en lo que va de este año, de acuerdo al Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin). En junio hubo 175 quejas, la cifra más alta tras el registrado en febrero (166).
Los principales motivos que impulsaron las manifestaciones de trabajadores en el primer semestre de este 2022 -como referencia- fueron los reclamos por salarios dignos (33%), incumplimiento de convenciones colectivas (31%) y despidos injustificados (5%).
El mayor porcentaje de conflictos ha sido protagonizado por trabajadores del sector salud (39%); el personal de educación fue el segundo sector con mayor participación, estuvo presente en 19% de las protestas.
Desde el Inaesin se desprendió la información que los principales motivos fueron los reclamos por salarios dignos (33%), incumplimiento de convenciones colectivas (31%) y despidos injustificados de trabajadores (5%).
Bolívar agrupó 21% de los conflictos del total nacional. Le siguieron los estados Sucre, Aragua y Barinas con 7% cada uno.
“Trabajadores del sector público se han mantenido al frente de los reclamos por mejoras. La participación de los sindicatos en los conflictos fue de 69%. Hasta 79% se materializaron en concentraciones públicas, mientras que 11% fueron denuncias, identificó el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical”.
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Los reclamos del gremio docente se han intensificado este año. “Los maestros han mantenido su exigencia por su derecho a recibir un salario suficiente para abastecer al menos su necesidades básicas. Los educadores también reclaman porque siguen teniendo suspendido el seguro colectivo de hospitalización, cirugía y maternidad, así como otros beneficios contemplados en la contratación colectiva, vencida desde hace más de un año. Señalan que son víctimas del incumplimiento de casi la totalidad de las cláusulas. Se suma a ello la vulneración de las cláusulas contractuales por parte de la Oficina Nacional de Planificación y Presupuesto (Onapre)”.
Por otro lado, el gremio de la salud advierte que se ha profundizado la falta de medicamentos e insumos en los hospitales, razón por la cual no pueden ofrecer atención primaria y oportuna a los pacientes que acuden a los centros médicos, siendo la salud un derecho constitucional.
“Los trabajadores sanitarios exigen transparencia informativa sobre cómo proceder con las prescripciones médicas para pacientes de emergencia, con el fin de prevenir detenciones, tales como las que han ocurrido este año por el simple hecho de tener medicamentos en koalas o bolsos de trabajo”.
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