El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó ampliar la investigación preliminar contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal,corrupción, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, informó este domingo el Ministerio Público.
Castillo es investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la irregular adjudicación de la compra de biodiésel, por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región San Martín, a través de una presunta red mafiosa instalada en el ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La Fiscalía de la Nación precisó, a través de un mensaje en Twitter, que el presidente “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política”, que establece que sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; o por disolver el Congreso, fuera de los casos previstos en la Carta Magna.
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Añadió que Castillo fue notificado de la disposición de Sánchez y que se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las otras diligencias, “las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos”.
COLABORADORA DE LA FISCALÍA ACUSA
Las investigaciones contra Castillo responden, en parte, a las confesiones de la empresaria Karelim López, quien acusó al jefe de Estado y a su entorno más cercano, incluidos varios sobrinos, de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos y obras en el Estado.
Durante un interrogatorio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, López mencionó entre los presuntos integrantes de esa organización al exsecretario presidencial Bruno Pacheco, así como a exministros, empresarios y sobrinos del gobernante, para quienes se han dictado 36 meses de prisión preventiva, pero que actualmente son prófugos de la Justicia.
FUENTE: EFE
