La represión contra la sociedad civil de Bielorrusia se sigue acentuando tras la más reciente reelección del presidente Alexandr Lukashenko, que tiene en las cárceles a más de un millar de prisioneros políticos, según un informe sobre la situación en este país elaborado por mandato del Consejo de Derecho Humanos.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó hoy el resultado de sus indagaciones sobre la crisis de derechos humanos en Bielorrusia, vecina y aliada de Rusia.
Entre los hechos que se han podido corroborar figura que entre mayo de 2020 y mayo de 2021; al menos 37.000 personas fueron detenidas y que de ellas 13.500 fueron arrestadas únicamente en el semana que siguió a las elecciones del pasado 9 de agosto; de las que Lukashenko se declaró ganador, mientras que Occidente las consideró ilegítimas.
La gente salió en ese entonces a las calles para protestar y denunciar el resultado oficial.
“La información recogida indica que hubo torturas y malos tratos sistemáticos; y que las personas se convertían en blanco por su oposición real o supuesta al gobierno o a los resultados electorales”, señala el informe.
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La mayoría de las víctimas tuvo temor de denunciar esos abusos y los que lo hicieron se encontraron con que sus expedientes eran archivados, agrega.
Victimas de la represión en Bielorrusia
Asimismo, el informe revela que en los dos primeros meses de este año la represión se ha reavivado y que han aumentado en más de cien los prisioneros políticos comprobados; aunque es muy probable que en realidad sean más.
Si la ONU había verificado que a finales de 2021 había 969 personas detenidas por cargos que se debían claramente a motivos políticos; y por los que varios han recibido penas de diez o más años de cárcel; esa cifra ha aumentado al menos a 1.084 a principios de este mes.
La ONU denuncia en este informe – presentado en la actual del Consejo de Derechos Humanos que se reúne en Ginebra – que además de no haber ninguna intención de investigar los abusos cometidos; hay una política activa para blindar a los responsables.
Entre los hechos que lo muestran están las represalias o intimidación de víctimas y testigos, y ataques contra abogados o activistas.
“Los abogados que han defendido a disidentes; que han hablado públicamente de las violaciones de los derechos humanos o han llevado estos casos ante la ONU, han sido detenidos intimidados o enfrentado sanciones disciplinarias; incluida la prohibición del ejercicio de su profesión”, denuncia el informe de la ONU.
