Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, sancionó este lunes, aunque con un veto parcial, la Ley de Presupuesto Anual aprobada por el Congreso el pasado diciembre, que incluye un programa de distribución de subsidios sociales y un aumento de los recursos destinados a las campañas políticas.
La propuesta aprobada, que fue publicada hoy en el Diario Oficial, prevé que los gastos públicos de Brasil en 2022 se elevarán hasta 4,82 billones de reales (unos 884.403 millones de dólares), de los que un 39 % (1,88 billones de reales o 330.275 millones de dólares) será destinado a la refinanciación de la deuda pública.
Asimismo, Bolsonaro mantuvo sin alteraciones el polémico aumento de los recursos destinados al fondo del que disponen los partidos políticos para financiar las campañas para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales que Brasil celebrará en octubre próximo, y que deberán totalizar 4.900 millones de reales (unos 899 millones de dólares).
Este valor desató una ola de duras críticas, incluso entre algunos parlamentarios, debido a que casi triplica los 1.700 millones de reales (unos 311 millones de dólares) los recursos destinados al llamado fondo electoral de 2018.
El proyecto aprobado también prevé el pago de 89.100 millones de reales (unos 16.348 millones de dólares) al Auxilio Brasil, el revitalizado programa social de distribución de subsidios a los más pobres que Bolsonaro propuso para sustituir al Bolsa Familia en el año en el que intentará su reelección como jefe de Estado.
Igualmente incluye el pago de 1.700 millones de reales (unos 312 millones de dólares) para el reajuste de servidores públicos federales a lo largo de 2022.
Por otra parte, Bolsonaro vetó un gasto total de 3.200 millones de reales (587 millones de dólares), distribuidos entre gastos bajo el control de los ministerios y enmiendas de comisiones parlamentarias.
La ley de presupuestos aprobada en diciembre por el Congreso prevé que la economía de Brasil crecerá un 2,1 % en 2022, porcentaje inferior al 2,5 % inicialmente proyectado por el Gobierno pero muy superior al esperado por los economistas del mercado, que es del 0,5 %.
