El Gobierno tunecino impondrá a partir de este jueves un nuevo toque de queda entre las 22.00 y las 5.00 horas durante dos semanas así como la prohibición de cualquier manifestación ante el aumento de los contagios por coronavirus y apenas 24 horas antes de las movilizaciones anunciadas por los opositores del presidente, Kais Said.
El movimiento “Ciudadanos contra el Golpe de Estado” y diferentes partidos políticos como el islamista Ennahda, principal fuerza, convocaron para este viernes protestas contra el mandatario, que el pasado 25 de julio decretó el Estado de excepción, destituyó al primer Ministro, suspendió el Parlamento, y se hizo con plenos poderes.
En el mes de septiembre, el Ejecutivo levantó el toque de queda tras 18 meses ante la mejora de la situación epidemiológica gracias a la aceleración de la campaña de vacunación que ha inmunizado con la pauta completa al 50% de los doce millones de habitantes. Sin embargo, en la última semana se han registrado cerca de 2.000 casos diarios, en su mayoría con la variante Ómicron.
Desde el 22 de diciembre los ciudadanos mayores de 18 años que deseen acceder a espacios cerrados deben presentar obligatoriamente su pasaporte COVID en un intento de las autoridades para convencer a los indecisos que no han recibido todavía su dosis.
Sanciones disciplinarias
Esta medida se aplicará también a los empleados de la administración pública y parte del sector privado que, en ausencia de este certificado, pueden recibir sanciones disciplinarias, incluyendo la suspensión de su puesto de trabajo sin derecho a indemnización.
La ONG Amnistía Internacional denunció en un comunicado que el pasaporte COVID viola los derechos laborales y la libertad de movimiento y mostró su preocupación ante la “precarización” de las personas y familias que carezcan de este documento “especialmente cuando Túnez sufre una grave crisis económica”.
A principio de diciembre, tras la aparición del primer caso de la variante ómicron, las autoridades endurecieron las condiciones de entrada en el país, principalmente para las personas extranjeras no residentes y sin vacunar, que deben presentar un PCR negativo de menos de 24 horas y respetar un aislamiento obligatorio durante diez días en los establecimientos seleccionados por el Estado. Mientras, para aquellos viajeros inmunizados se reduce de 72 a 48 horas la validez de los test.
Debido a su frágil sistema de sanidad pública, la falta de recursos y la penuria mundial de vacunas, el Gobierno hizo un llamamiento el pasado mes de julio a la comunidad internacional y desde entonces ha recibido más de siete millones de dosis, además de material médico, gracias a las donaciones de una decena de países, como España, Francia, Arabia Saudí y China.
Desde el comienzo de la crisis sanitaria, Túnez ha registrado cerca de 750.000 contagios y un total de 25.707 decesos.
