El ministro peruano de Educación, Carlos Gallardo, declaró que respetará la decisión del Congreso, que votará el martes por su censura, aunque insistió en que no tiene por qué renunciar, al rechazar su responsabilidad en la supuesta filtración de un examen nacional a docentes.
“En principio, no tengo por qué renunciar, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo y creo que la decisión que tome mañana el Congreso, sea a favor o en contra, tenemos que respetarla”, declaró Gallardo en rueda de prensa.
El ministro se enfrenta a su eventual censura después de una denuncia periodística que reveló que su hija obtuvo la prueba docente, que se aplica a los maestros anualmente para ser contratados por el ministerio, para filtrarla a docentes con el apoyo de la legisladora oficialista Lucinda Vásquez.
“Esto no tiene sustento, la denuncia de la venta de pruebas es tan grave…pero basta el dicho de un testigo, sin un proceso de investigación, y se concluye que el ministro y su hija deben ir presos. ¡Que nos investiguen!”, expresó Gallardo.
El ministro agregó que los procesos de interpelación y censura realizados por el Congreso contra él y otros ministros del presidente Pedro Castillo sólo distraen porque tienen que invertir tiempo y energías en responder los cuestionamientos.
Ministro, maestro de profesión
Gallardo añadió que “hay gente que inventa historias y patrañas con mucha creatividad” y que, en este caso; se ha sumado el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP); con el que se encuentra enfrentado el mandatario, maestro de profesión, y varios de sus colaboradores más cercanos.
“No es un sindicato, es una isla mercenaria, de gente corrompida hasta el tuétano; eso es Patria Roja (como se conoce al Partido Comunista del Perú y de influencia en ese sindicato). Esas siglas del Sutep que nos enorgullecían antes en los años 70, ahora nos avergüenzan”, afirmó Gallardo.
En los casi cinco meses del gobierno de Castillo, una decena de ministros de Estado han dejado sus cargos por denuncias de presunta corrupción; irregularidades e interferencias en otros estamentos del Estado que fueron publicadas por la prensa y recogidas por el Parlamento; de mayoría opositora, en procesos de interpelación que forzaron sus renuncias.
