Súmate: CNE debe evitar que el Gobierno use recursos para elecciones en Barinas

La organización civil Súmate instó el lunes al Consejo Nacional Electoral evitar que el Partido Socialista Unido de Venezuela use recursos del Estado para movilizar votantes durante la repetición de las elecciones del próximo 9 de enero en Barinas.

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Súmate
FOTO: REFERENCIAL

“El CNE debe actuar con el fin de evitar que en las elecciones de gobernador de Barinas del 9 de enero de 2022, los gobiernos nacional y de esa entidad estadal utilicen los recursos del Estado para movilizar a los electores a votar por el PSUV, como ocurrió en elecciones del 21 de noviembre”, escribió Súmate Twitter.

Las elecciones se repetirán en Barinas por orden del Tribunal Supremo de Justicia, que tomó la decisión, tras una semana de atropellado recuento de votos que daba por ganador al opositor Freddy Superlano; por un estrecho margen sobre el oficialista Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.

El pasado 29 de noviembre, el TSJ hizo pública su decisión tras recibir una supuesta acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Superlano, señalado de recibir sobornos del oficialismo.

Súmate y la violación de DDHH

Alegó una violación de derechos constitucionales, entre otras cosas; porque el vencedor de los comicios se postuló como aspirante pese a estar, según, inhabilitado.

Según Súmate, en esos comicios se pudo observar que en 20% de los centros electorales el gobierno utilizó recursos del Estado para movilizar a simpatizantes del PSUV.

Mientras que en 38,2% de los espacios se advirtió el uso de programas de alimentación como instrumento para presionar a los electores e incidir sobre su voto».

La ONG agregó que, además, en 10% de los centros, se constató la presencia de grupos violentos o armados y en 28,7% de los centros observados; hubo amenazas sobre los votantes por parte de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Denunció asimismo se advirtió el uso del carnet de la patria como instrumento para controlar el flujo de electores en 22,5% de los centros electorales.

Y en 33,3% se constató la presencia de propaganda electoral, una práctica ilegal; según las normas.

EFE

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