El opositor venezolano Julio Borges instó a los países latinoamericanos a no subestimar “la amenaza que significa (Nicolás) Maduro”, luego de que el Parlamento de Ecuador anunciara que enviará a las Fiscalías de cinco países la investigación de un caso de corrupción que involucra a Alex Saab, supuesto testaferro del presidente del país caribeño.
“La región no puede subestimar la amenaza que significa Maduro y su régimen, desde Venezuela se financia y se da apoyo político a grupos que defienden valores antidemocráticos”; escribió Borges en su cuenta en Twitter.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó un informe que vincula a Saab con un caso de presuntas exportaciones ficticias realizadas entre Ecuador y Venezuela en el pasado; a través de un sistema de compensación denominado Sucre.
Los comisionados aprobaron el informe y anunciaron que remitirán su contenido a las Fiscalías de EE.UU., Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador.
En las conclusiones del informe de la Comisión de Fiscalización, se indicó que las empresas ecuatorianas que participaron en negocios con la firma de Saab, “Foglocons”; fueron creadas con el único objetivo de generar operaciones ficticias.
Borges y el Sistema Sucre
Además, se precisó que “la mayoría de las transacciones comerciales realizadas bajo el Sistema Sucre, eran ficticias y sobrevaloradas” y se constituían en una supuesta herramienta para ejecutar delitos como el “enriquecimiento ilícito, peculado; defraudación tributaria”, entre otros.
Para el opositor venezolano, este hecho confirma que “el Sucre no fue un mecanismo de integración; sino un instrumento más al servicio de la corrupción y el crimen organizado de la dictadura y sus aliados políticos”.
Borges calificó de “dantesta” la situación y aseguró que “la corrupción de Maduro y su testaferro Alex Saab” “ha penetrado” en democracias de la región; “contribuyendo a que proyectos políticos autoritarios se fortalezcan o lleguen al poder”.
Saab, de 49 años, fue extraditado a EE.UU. el pasado octubre desde Cabo Verde; donde fue detenido el año pasado a raíz de una orden de captura internacional pedida por la Justicia estadounidense.
El empresario enfrenta un cargo de conspiración por cometer lavado de dinero en una corte de Miami; del que se declaró “no culpable” el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.
