La ONG de Fundaredes documentó 77 asesinatos, 20 personas desaparecidas y 21 enfrentamientos armados durante noviembre en seis de los ocho estados fronterizos que tiene el país, informó este lunes la organización.
Según una nota de prensa de Fundaredes, los datos, recogidos en el informe “Curva de Violencia”, fueron recabados en los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón, que limitan con Colombia o Brasil.
Con relación al cómputo de fallecidos, la ONG indicó que la cifra de noviembre representa “un incremento del 28 %” respecto a octubre, cuando contabilizó 60 homicidios en los mismos seis estados fronterizos.
Precisó que “Zulia continúa encabezando la lista de entidades violentas”, con 40 homicidios, seguida de Bolívar con 20, Falcón con 11, Táchira con 4 y Apure con 2 asesinatos.
En el caso particular de Zulia, la ONG señaló que varios de estos decesos se produjeron “en medio de enfrentamientos entre organismos de seguridad del Estado y presuntos delincuentes pertenecientes a bandas criminales”.
“La cultura de la muerte se arraiga en los estados fronterizos de Venezuela, donde a la acción de los Grupos Armados Irregulares (GAI) se suma la de las bandas delincuenciales con alto poder de fuego”, puntualizó la organización.
Además, Fundaredes destacó que estas organizaciones de antisociales no solo actúan en la franja limítrofe venezolana, “sino también en cada vez mayor número de entidades al interior del país”.
La organización, que defiende los derechos humanos, se mostró preocupada también por “el recrudecimiento de la violencia entre bandas que se disputan el control de los negocios ilícitos en las entidades fronterizas y el surgimiento de nuevas agrupaciones delictivas que usan granadas y armas de guerra para cometer sus fechorías”.
En su pasado informe, publicado el 9 de noviembre, Fundaredes exhortó a las instituciones venezolanas a que investiguen e identifiquen a los responsables de estos delitos en las zonas fronterizas.
Javier Tarazona, director de esta ONG y principal voz de denuncia del conflicto que se produjo en la primera mitad de este año entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC, tiene más de cinco meses detenido y este 9 de diciembre se ordenó el pase a juicio de su caso.
Tarazona, junto a otros dos activistas que ya no están en prisión, fue acusado de terrorismo, incitación al odio y “traición a la patria”.
