Más de 100 organizaciones sociales y de derechos humanos emitieron este viernes un comunicado para denunciar el acoso y la persecución por parte del Estado venezolano contra quienes han cooperado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Luego de que en febrero de 2018 la Fiscalía de la CPI anunciara el inicio de un examen preliminar para investigar los posibles crímenes cometidos en Venezuela desde abril de 2017; diferentes personalidades políticas y sociales han suministrado información al organismo.
Como parte del proceso, el fiscal de la CPI, Karim Khan, hizo una visita al país que finalizó con el cierre del examen preliminar y el inicio de la fase de investigación.
En una misiva, las ONG señalaron que la presencia de Khan provocó una intensa campaña a través del sistema nacional de medios públicos para criminalizar y desprestigiar a quienes han remitido denuncias; incluyendo defensores de derechos humanos.
«La política sistemática por parte del Estado de restringir el espacio cívico en el país, incluyendo a quienes colaboran con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, ratifica que no existe voluntad genuina para detener las causas que permitieron que ocurrieran crímenes contra la humanidad en Venezuela»; dice parte del comunicado firmado por un total de 111 organizaciones.
CPI Y LOS CRIMENES EN VENEZUELA
Indicaron que estas acciones por parte del Estado reiteran las conclusiones del reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre las profundas irregularidades en el sistema de administración de justicia; el cual es utilizado como un instrumento de persecución.
«Los anuncios oficiales recientes sobre leyes y reformas son insuficientes; y solo responden a la intención de las autoridades de simular que existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes para impartir justicia.
Esta campaña de descrédito busca atemorizar a las víctimas para inhibirlas de que continúen suministrando sus testimonios»; destacó la misiva.
Asimismo, las organizaciones responsabilizaron a las autoridades nacionales «de cualquier acción contra la vida, libertad e integridad de quienes están siendo criminalizados por suministrar información a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos; en especial a la Fiscalía de la CPI».
