La oposición venezolana lamentó la muerte del militar Raúl Isaías Baduel, considerado “preso político” desde su detención en 2009, por un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la covid-19, de acuerdo a la información del fiscal general, Tarek William Saab.
El exdiputado Juan Guaidó lamentó y expresó sus condolencias a los familiares de Baduel y al mismo tiempo responsabilizó al Estado venezolano por su muerte.
“Al general Raúl Baduel lo asesinó la dictadura. Lo secuestró, lo torturó y le negó atención médica. Tras 12 años de brutal sufrimiento, Baduel es el décimo preso político que muere en manos del régimen”, señaló en su cuenta de Twitter.
Al Gral Raúl Baduel lo asesinó la dictadura. Lo secuestró, lo torturó y le negó atención médica.
— Juan Guaidó (@jguaido) October 13, 2021
Tras 12 años de brutal sufrimiento, Baduel es el décimo preso político que muere en manos del régimen.
Hoy más de 250 venezolanos continúan en riesgo como rehenes de la dictadura. pic.twitter.com/EHBFBkprKy
Guaidó sostuvo que “atrocidades” como esta reiteran que en el país caribeño “se violan sistemáticamente los derechos humanos”.
“Estos crímenes no pueden quedar impunes y el silencio de nuestra Fuerza Armada los hace cómplices”, añadió.
PIZARRO LAMENTA LA MUERTE DE BADUEL
Asimismo, el exdiputado Miguel Pizarro dijo que la muerte de un preso en custodia del Estado representa la “negligencia, irresponsabilidad y el poco cuidado que existe en el sistema penal venezolano. Hoy lamentamos la muerte de Raúl Isaías Baduel, nuestras condolencias a sus familiares”.
“El general Raúl Baduel fue secuestrado por el régimen en el año 2017, sus familiares han sido víctimas de amenazas y represalias por denunciar la tortura que sufría estando en custodia, hace unas semanas denunciaron su desaparición. Estás muertes no deben quedar impunes”, apostilló.
La muerte de un preso en custodia del Estado representa la negligencia, irresponsabilidad y el poco cuidado que existe en el sistema penal venezolano. Hoy lamentamos la muerte de Raúl Isaias Baduel, nuestras condolencias a sus familiares.
— Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) October 12, 2021
Por su parte, la exparlamentaria Delsa Solórzano sostuvo que familiares y abogados del militar denunciaron que fue torturado y sometido a tratos crueles.
“(La) dictadura viola artículo 43 de la Constitución que señala que la vida de los privados de libertad es su responsabilidad”, explicó.
Más temprano, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que Baduel falleció a los 66 años, por un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la covid-19.
“Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaías Baduel de un paro cardiorrespiratorio producto del covid-19, mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna. Transmitimos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, expresó el fiscal en su cuenta de Twitter.
HIJA DE BADUEL
El pasado 29 de septiembre, Andreina Baduel, hija del general, denunció el traslado de su padre de los sótanos del Sebin, conocidos como “La Tumba”, a otra sede del servicio de inteligencia en Caracas.
“Exigimos constatar sus condiciones, exigimos una fe de vida. Basta ya”, escribió Baduel. Sin embargo, no hubo respuesta oficial a esta petición.
Baduel, quien fue fiel aliado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) fue considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002. También fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007.
Posteriormente, se pronunció contra la supuesta deriva totalitaria y la propuesta de reforma constitucional de Chávez, así como de su delfín y sucesor, Nicolás Maduro.
En 2009 fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena, que se prolongó hasta su muerte, pese a que en 2015 se le otorgó libertad condicional, bajo unas premisas que, según la Justicia venezolana, incumplió, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debería finalizar su pena.
Su caso está incluido en diversos informes de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, y de la Misión de Determinación de los Hechos.
