El fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que seis funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), un jefe del Registro Civil, una fiscal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y otra persona fueron detenidos por su vinculación con una red dedicada a otorgar documentos falsos a delincuentes colombianos, mexicanos y estadounidenses relacionados con organizaciones criminales, paramilitares y del narcotráfico.
Legalizaban a peligrosos delincuentes
Desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal añadió que por dicha causa también resultaron aprehendidos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes fueron encontrados con cédulas de identidad falsas.
Entre los implicados destacan “Jhonatan Caraballo, técnico de Oficina del Saime en Apure; Irwin Pérez, jefe del Registro Civil del municipio Biruaca, quien validó la partida de nacimiento forjada de uno de los colombianos para introducirla en el Saime (…), Carmen Celis, fiscal del Registro Civil e Identificación del CNE, quien validó la partida de nacimiento que le entregó Irwin Pérez”, explicó el alto funcionario.
De igual modo, fueron detenidos Vicente Millán, Ángel Bolívar y César Ochoa, personal de mantenimiento, trabajador y encargado de Atención al Público del Saime, respectivamente, quienes fungían como enlace con los grupos criminales para tramitaciones de cédulas. A su vez aparecen José García y Aris Solórzano, encargado de Bóveda y perito del Saime, respectivamente. La última “tramitaba documentos a personas extranjeras (colombianos y estadounidenses) a cambio de dádivas en moneda extranjera”, detalló Saab.
En tal sentido, la máxima autoridad institucional refirió que la audiencia de presentación ocurrió el pasado 4 de octubre; en la que fueron imputados acorde con sus grados de participación.
Entre los delitos precalificados destacan “corrupción propia agravada, asociación para delinquir, uso de documento público falso, forjamiento de documento público, alteración de libros o documentos públicos y obtención ilegal de lucro”, precisó Saab.
Sobre este punto, el vocero de la institución hizo énfasis en que el país no seguirá el ejemplo de Colombia y que “los funcionarios venezolanos que lamentablemente se dejen comprar por estos grupos recibirán todo el peso de la ley. Están actuando como apátridas al asociarse con grupos extranjeros para dañar la paz republicana”.
