La comparecencia judicial del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) prevista para este jueves quedó aplazada al próximo 20 de octubre, según se dispuso en la causa en la que se investiga si ordenó espiar a las familias de las 44 víctimas del naufragio en 2017 de un submarino de la Armada.
Se trata de una decisión del juez Martín Bava, según confirmaron a Efe fuentes del entorno del exmandatario, quien se encuentra en Estados Unidos, presentando su libro, desde días antes de que el juez firmara, el pasado viernes, la decisión de citarle a declarar, algo que no le notificó formalmente hasta este miércoles.
“Dentro del plazo de tres días establecido por la ley, dado que ayer le hizo saber recién el juez a Macri, se hará la presentación correspondiente por parte de su abogado”, señalaron las fuentes.
PRIMERA CITACIÓN A DECLARAR TRAS DEJAR EL PODER
Esta es la primera citación judicial al expresidente desde que dejó el poder en diciembre de 2019, tras perder las elecciones ante el actual mandatario, el peronista Alberto Fernández y la ex jefa de Estado y ahora vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Hasta el momento, Macri -cuya coalición política, Juntos por el Cambio, fue la más votada en las elecciones primarias de septiembre pasado, previas a las legislativas del 14 de noviembre- no se ha referido públicamente a la citación a declarar como investigado.
Su último mensaje en redes sociales fue el 5 de octubre, cuando anunció desde Estados Unidos, donde se encuentra presentando su libro “Primer tiempo”, que fue convocado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida para ser parte de su programa de liderazgo académico, una noticia que no pasó inadvertida en su país.
“La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia”, escribió en Twitter la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
PRESUNTO ESPIONAJE
El pasado 1 de octubre, Bava resolvió no solo llamarle a declarar hoy jueves, sino prohibirle salir del país, por su presunta responsabilidad en tareas de espionaje ilegal a las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que desapareció en noviembre de 2017 y fue hallado hundido un año después.
El espionaje investigado apuntaba, según la resolución, a obtener “información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas; por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.
“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley; se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares; y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, agrega.
Esas acciones “buscaban influir en la situación política e institucional del país; puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares”; pero también apuntaban a “conocer sus actividades; los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”.
“Estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario; partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, agrega el documento.
ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
En septiembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia, ya con Fernández como presidente; denunció que el anterior Gobierno hizo espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del submarino.
Esa denuncia afectaba a diversos exfuncionarios, entre ellos Macri; quien fuera su jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani. Estos dos últimos, entre otros, fueron procesados la semana pasada.
El ARA San Juan de la Armada fue hallado mediante un operativo de la empresa estadounidense Ocean Infinity; aunque sus restos, desmembrados, y los cadáveres de sus tripulantes, nunca fueron reflotados.
Casi tres años después del hallazgo del submarino; prosigue la investigación judicial para conocer qué le ocurrió y detectar si hubo irregularidades en su desaparición y búsqueda.
En 2019, una comisión investigadora del Parlamento culminó con un informe que determinó que hubo “responsabilidades compartidas” en la cadena de mando de la Armada; y en marzo de 2021 un Consejo de Guerra de esa fuerza militar sancionó a varios oficiales.
