Este miércoles, la Asamblea Nacional (AN) aprobó anular los acuerdos que ejecutó el anterior Parlamento, así lo indicó su Presidente, Jorge Rodríguez.
Asimismo, menciono que este es un acto de pura y justicia contra la barbarie “que se instaló en el Poder Legislativo en el año 2016”. Rodríguez también ordenó publicar los acuerdos en inglés.
Los actos de la AN desacato (2016-2021) pretendieron desconocer al procurador General de la República y la autoridad que detentan embajadores, jefes de misiones diplomáticas, representantes y personal del servicio exterior de la República.
Se trata de los írritos acuerdos de fecha 12 de septiembre y 20 de noviembre de 2018; 19 de marzo y 10 de diciembre de 2019, así como del 28 abril de 2020 con los que se buscó desconocer al procurador general y al sistema normativo jurídico.
El documento aclara que las acciones del anterior parlamento no tienen jerarquía, ni tampoco los actos que deriven de esto, mucho menos los contratos suscritos. Son inexistencia, ineficacia e inválidos, recalca el texto.
En cambio solo reconoce como procurador de la República a Reinaldo Muñoz, y por ende sus atribuciones y funciones, incluso con la cualidad de designar representantes dentro y fuera del país.
Al respecto, la diputada Ilenia Medina expresó que se debe seguir desmontando el “entramado criminal de quienes asumieron la presidencia de la AN desde 2015”, ya que estos son responsables de generar la situación de inestabilidad.
Igualmente, fueron declarados inválidos los actos legislativos que desconocieron la designación de Calixto Ortega como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), y su representación interna y externa.
Más temprano, la plenaria acordó declarar la inexistencia, ineficacia e invalidez de los ilegítimos acuerdos del anterior Parlamento tras las presidenciales de 2018, que pretendieron desconocer la reeleción del Presidente de la República, Nicolás Maduro.
En todos estos acuerdos, el Poder Legislativo exhorta a todas las instituciones en función de resarcir los daños, a denunciar y exigir ante los gobiernos restituir los activos venezolanos, y el sistema penal para que procesa según la ley.
