Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, recibió a la Subcomisión Especial designada por la Asamblea Nacional (AN), la viceministra para la Educación y Gestión Universitaria del MPPE, Anabel Villarroel y estudiantes de la Universidad José Antonio Páez de Carabobo, con la finalidad de analizar el incremento de la matrícula universitaria en la mencionada casa de estudios, así como se ha venido revisando en otras universidades privadas.
A la reunión, asistieron los diputados Yahir Muñoz, José Villarroel, Ignacio Da Costa y Jesús Santander, quienes expusieron que la Universidad José Antonio Páez de Carabobo aumentó de forma desmedida el trimestre a casi 800 dólares, y coacciona a los estudiantes que quieran protestar esa medida, lo cual pone en riesgo el derecho a la educación.
En la cita estuvieron estudiantes que han sido víctimas de persecución por parte de las autoridades de esta casa de estudios privada, quienes explicaron que les abrieron un expediente para que no fueran a denunciar, amenazándolos de expulsarlos.
Al respecto, el Defensor del Pueblo indicó que lo más importante es que el ente que dirige ayude en la mediación con los directivos de esta universidad, y tratar de llegar a un acuerdo que no menoscabe los derechos humanos de estos jóvenes, debido a que es fundamental realizar un acompañamiento y garantizar el derecho a la educación; asì como todos los derechos de todas las personas sin exclusión.
El diputado Yahir Muñoz dijo que es necesario que los regentes de los centros de educación privados, en todos sus niveles, entiendan que no deben administrar los mismos como si fueran empresas, debido a que el Estado les otorga una concesión sin fines de lucro para que puedan prestar ese servicio y garantizar el derecho a la educación de la población.
En medio de la pandemia, muchas instituciones privadas se han solidarizado con sus estudiantes y profesores; además, han promovido formas de educación semipresencial sin incidencia en el aumento excesivo de los costos. El Ejecutivo nacional estudia la posibilidad de sancionar a las instituciones que incurran en la usura sin tener que congelar las matrículas y aranceles como en otras áreas y servicios.
