Los gremios periodísticos de Panamá condenaron este lunes “la persecución y la presión contra los profesionales del periodismo de Nicaragua”, y exigieron al Gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que respete la libertad de expresión y el derecho a la información.
El Consejo Nacional de Periodismo, El Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí, señalaron que las acciones adoptadas por el Ejecutivo nicaragüense “contra medios de comunicación y periodistas contradice los acuerdos internacionales en materia de libertad de expresión firmados por el Estado nicaragüense”.
“Como asociaciones que abogamos por el periodismo libre pedimos que la comunidad internacional denuncie públicamente las desproporcionadas actuaciones del Gobierno Ortega-Murillo”, dijeron los gremios en una declaración pública difundida este lunes.
El Gobierno nicaragüense “hasta el día de hoy mantiene encarcelados a periodistas, gerentes y administrativos de medios de comunicación, propiciado el cierre arbitrario de más de 25 medios de comunicación y la clausura ilegal de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que por 20 años se dedicó a documentar los ataques a la libertad de expresión”, añadieron.
Estas acciones, afirmaron los gremios periodísticos de Panamá, “atentan contra la convivencia pacífica y democrática y dejan en evidencia la decadencia de un sistema político nicaragüense que dejó de ser democrático para convertirse en una dictadura alimentada por el odio y la venganza, superando con creces a las peores acciones represivas ocurridas a lo largo de la historia nicaragüense”.
“Las asociaciones periodísticas panameñas aquí representadas, demandan a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, la inmediata liberación de todos los periodistas, comentaristas políticos y directivos de medios encarcelados por el único delito de publicar las atrocidades de su régimen”, dijeron los periodistas de Panamá.
Agregaron que “el Gobierno de Nicaragua debe respetar sus compromisos internacionales y garantizar el ejercicio pleno del periodismo libre e independiente para beneficio de sus ciudadanos”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, en las que Ortega aspira a su quinto mandato presidencial, cuarto consecutivo, y segundo junto con su esposa como vicepresidenta.
A mediados de este mes la edición impresa del diario La Prensa, fundado en 1926 y crítico del Gobierno, dejó de circular por falta de papel, fue allanado por las autoridades y su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, arrestado por 90 días mientras es investigado por el supuesto delito de “defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes y activos”.
Desde 2018, otros dos medios independientes de Nicaragua, 100% Noticias y Confidencial, también fueron intervenidos y sus instalaciones adjudicadas al Estado, dijo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el pasado 14 de agosto.
Unos 34 nicaragüenses han sido capturados en medio de una ola de arrestos contra dirigentes opositores y profesionales independientes desde el 28 de mayo pasado, en el contexto de las elecciones generales del 7 de noviembre próximo.
