Sudáfrica destinará algo más de 2.000 millones de euros a distintas medidas de alivio económico para paliar los daños que dejó la pasada oleada de disturbios y saqueos masivos en el país, con un balance de unos 330 muertos, informaron hoy fuentes oficiales.
El Ejecutivo sudafricano concretó las líneas de su plan económico este miércoles en una rueda de prensa virtual encabezada por el ministro de Finanzas sudafricano, Tito Mboweni, si bien las líneas generales ya habían sido avanzadas el pasado domingo por el presidente del país, Cyril Ramaphosa.
El ministro explicó que los daños económicos de los disturbios son muy extensos y que, debido a este revés en la recuperación, el Tesoro sudafricano estima ahora que Sudáfrica solo volverá a tener perspectivas de crecimiento similares a las anteriores a la pandemia para 2023.
“Podemos estar tristes, pero tenemos que hacer algo al respecto“, dijo Mboweni.
En concreto, según el Ministerio de Finanzas, la estimación oficial de los daños para la economía más desarrollada del continente alcanza un valor de 50.000 millones de rands (unos 2.862 millones de euros).
Para paliarlos y reimpulsar la actividad, el Ejecutivo destinará algo más de 36.000 millones de rands (algo más de 2.000 millones de euros) a apoyar a negocios y personas afectadas; pero Sudáfrica deberá encontrar los fondos entre los recursos disponibles, ya que no se van a pedir préstamos adicionales para financiar las ayudas.
Entre las medidas previstas por el Ejecutivo figuran también inyecciones de dinero para reforzar la Policía y el Ejército; que durante la ola de disturbios se vieron sobrepasados durante varias jornadas.
“Considerándolo todo, hay unos 36.000 millones de rands de apoyo que estamos poniendo sobre la mesa“; resumió el director general del Tesoro sudafricano, Dondo Mogajane.
SUDRÁFRICA, UNA OLEADA DE VIOLENCIA SIN PRECEDENTES EN DEMOCRACIA
Esta oleada de incidentes violentos comenzó el pasado 9 de julio, inicialmente en forma de protestas por el encarcelamiento del polémico expresidente Jacob Zuma (2009-2018); por el desacato judicial cometido al negarse repetidamente a declarar por corrupción.
En los siguientes días, los altercados se replicaron en otras zonas especialmente en Johannesburgo y se tornaron en una cascada de disturbios y pillaje masivo sin precedentes para la democracia sudafricana; con turbas arrasando centros comerciales y tiendas, quemando edificios y vehículos y cortando carreteras y calles.
El estallido de violencia se veía así alimentado por problemas sociales preexistentes, como la extrema desigualdad; el desempleo, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el malestar por la pandemia de covid-19.
Solo a partir del 14 de julio las autoridades empezaron a retomar el control de las zonas afectadas; gracias en gran medida al despliegue de 25.000 soldados para apoyar a la sobrepasada policía.
Según afirmó Ramaphosa; los incidentes fueron “instigados” y “hubo gente que los planeó y los coordinó“.
