El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este miércoles 28 de julio su informe 2020 relacionado con la denegación de alimentos en las cárceles venezolanas, cuya principal consecuencia es el fallecimiento de población reclusa por motivos de salud.
La organización reseñó que estas cifras superaron, incluso, a la de muertes por la violencia dentro de estos centros de reclusión.
En este sentido, la directora general del OVP, Carolina Girón, indicó que en 2020 murieron 292 personas privadas de libertad en centros penitenciarios, al tiempo que explicó que de esas muertes, 184 fueron por motivos de salud, principalmente, por desnutrición y tuberculosis.
“La tuberculosis y desnutrición son las causas principales de los decesos, al menos 85% del total de las muertes por salud se asocian a dichas patologías, mientras que el otro 15% corresponde a hepatitis, cuadros diarreicos, obstrucción intestinal, personas diabéticas o con crisis convulsivas sin tratamiento”.
El observatorio reseñó que, en todos los casos, los afectados no recibieron atención médica oportuna y más de un 95% de los fallecidos estaban desnutridos.
“Según las denuncias recibidas por OVP de parte de personas privadas de libertad y familiares, y además constatadas por los coordinadores de esta organización, los privados de libertad habían presentado pérdida de peso de 40 a 50 kilos. Fueron pocos los presos que trasladaron a un centro de atención médica alegando que no había una orden de un tribunal o transporte para ser llevarlos, y cuando fueron referidos a un centro hospitalario, fue porque ya iban sin signos vitales o era muy poco lo que se podía hacer para salvarles la vida”, detalla el informe del OVP.
Asimismo, señalaron que los estados con la mayor cantidad de decesos por salud fueron: Carabobo, Lara, Miranda y Guárico, estados donde en 2020 precisamente se registraron protestas para exigir alimentos en los centros penitenciarios. En quinto lugar está Bolívar con nueve personas fallecidas.
Con respecto a la situación de los calabozos policiales, el problema es similar. En 2020 hubo al menos 59 fallecimientos por motivos de salud, un 49.58% del total de los fallecidos (126) en calabozos policiales.
Es importante recordar que desde 2017, el OVP viene denunciando que la alimentación en las cárceles y calabozos en Venezuela proviene principalmente de los familiares de los reclusos, la cual también se ve limitada por condiciones económicas de la familia o las dificultades de traslado.
Para Tamara Taraciuk, subdirectora de la división de las Américas de Human Rights Watch, recordó que el problema carcelario en Venezuela es a consecuencia de la corrupción, hacinamiento, infraestructura, falta de personal capacitado, condiciones que han generado que sean los pranes los que ejerzan el control en las cárceles. “Es un tema de responsabilidad estatal, porque las autoridades venezolanas son las responsables de lo que ocurre dentro de las cárceles y lo que les pasa a los que están bajo su custodia”, sostuvo Taraciuk.
Consideró importante avanzar en promover alternativas a la prisión, por ejemplo, para delitos de baja gravedad o que no representen riesgo significativo de fuga. Esto protegería a personas que tienen mayor riesgo de que se afecte su salud como adultos mayores, mujeres, embarazadas, inmunodeprimidos y enfermos crónicos, por mencionar algunos.
“Hay que acompañar esto con planes que prevengan y respondan a casos de coronavirus en las prisiones, así como acceso a agua, productos de higiene, limpieza adecuada de los lugares donde están”, agregó.
Por su parte, Girón destacó que aunque los resultados de la investigación en cuanto al hacinamiento indican que disminuyó en 2020 en comparación con 2019, este se mantiene en 171.83%.
La capacidad instalada real para la población reclusa era de 26.238 personas. Con el cierre de 10 centros, esta disminuyó a 21.848 de capacidad, mientras que para 2020 el número de personas privadas de libertad era de 37.543.
