La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Karla Ñamendi, presidenta de la Organización de Víctima de Abril (OVA) en Nicaragua, y a su núcleo familiar, tras considerar que afrontan “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
La decisión, emitida el pasado 22 de julio y anunciada este viernes, cobija además a Esperanza del Carmen Mendoza Amador, Raquel de los Ángeles Ñamendi Mendoza, C.A.G.Ñ. y A.A.G.Ñ., según un comunicado difundido en Washington.
La CIDH tomó la decisión teniendo “en cuenta la situación actual por la que atraviesa Nicaragua” y en respuesta a una solicitud, según la cual Ñamendi “estaría siendo objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte de autoridades estatales y paraestatales a raíz de su labor de oposición al actual Gobierno”.
El organismo detalló que la información disponible refleja que las amenazas e intimidaciones buscan que Ñamendi “limite su labor de oposición”.
Además, advirtió que los eventos de riesgo contra las personas beneficiadas “han demostrado un carácter continuado en el tiempo, incrementándose en intensidad y frecuencia de forma reciente”.
Según la Comisión, la casa de la activista fue pintada el pasado 18 de abril, en el tercer aniversario de las protestas en ese país, con la palabra “plomo” -lo que representaría “una amenaza de muerte”- y el 3 mayo fue blanco de botellas plásticas y piedras al parecer arrojadas por agentes policiales y paraestatales.
Ñamendi “habría sido rodeada por policías y advertida en tono amenazante que no volviera a participar de protestas” el pasado 2 de junio, y el 24 de ese mes fue agredida al salir de su casa por una persona simpatizante del Gobierno, relató la nota.
La Comisión solicitó a Nicaragua adoptar “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de Ñamendi y sus parientes, las cuales deberá coordinar con los beneficiarios.
El pasado 2 de julio, Ñamendi dijo a Efe que teme “ir a la cárcel” ante la ola de arrestos contra dirigentes opositores que se vive en Nicaragua en los meses previos a las elecciones generales de noviembre.
La activista ya estuvo presa entre agosto y noviembre de 2018 tras participar en manifestaciones antigubernamentales.
