Un tribunal de Honduras comenzó este martes el proceso de extradición del hondureño Carlos Miguel Cordón, a quien Estados Unidos ha pedido por narcotráfico, informó la portavoz del poder Judicial, Lucía Villars.
Cordón fue capturado el domingo en El Florido, punto aduanero en el departamento de Copán, en el occidente de Honduras, fronterizo con Guatemala, y hoy compareció a la primera audiencia de información, indicó Villars a periodistas.
Agregó que la audiencia de hoy fue para informarle a Cordón sobre la petición de extradición y los cargos que le imputa Estados Unidos.
La portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras señaló que la segunda audiencia ha sido fijada para el 2 de septiembre, cuando se hará la evaluación y presentación de medios probatorios, para “determinar si se admite o no la solicitud de extradición”.
La acusación contra Cordón la hizo la Corte de Estados Unidos para el Distrito Este del Estado de Texas, por conspiración relacionados al tráfico y distribución de al menos cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento de que sería importada a ese país.
En la audiencia de este día, a la que Cordón llegó bajo fuertes medidas de seguridad, le hicieron saber al supuesto narcotraficante los derechos que le asisten durante el proceso y los cargos formulados por el Estado que lo requiere.
Cordón fue remitido a una unidad militar cercana a Tegucigalpa, la capital, donde permanecerá recluido hasta la nueva audiencia.
Al menos 23 hondureños acusados de traficar con drogas enfrentan juicio en Estados Unidos desde 2014, algunos solicitados en extradición y otros que se entregaron a las autoridades de ese país.
Uno de los casos más sonado es el del exdiputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien el 30 de marzo fue condenado a cadena perpetua, más otros 30 años de cárcel, por un tribunal de Manhattan (Nueva York).
En el tribunal se destacó que las actividades delictivas de “Tony” Hernández habían sido patrocinadas por el propio Estado del país y se le acusó de haber “asfixiado” a la nación centroamericana.
Una reforma constitucional aprobada en 2012 habilitó la extradición de hondureños a solicitud de otros países.
