La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves a dos coroneles y 13 militares más por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe colombiano; en el segundo auto del caso de ejecuciones de civiles conocidas como “falsos positivos”, por el que la semana pasada ya acusó a 10 miembros del Ejército y a un civil.
“La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ejército por falsos positivos en la costa caribe, dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón La Popa, que tiene sede en Valledupar, en el noreste”, dijo el magistrado Óscar Parra.
La JEP volvió a encontrar “patrones de macrocriminalidad” en la actuación del Ejército y alianzas con grupos paramilitares; con el fin de atraer a jóvenes inocentes y asesinarlos para presentarlos como guerrilleros y así inflar las cifras de “muertes en combate” y obtener recompensas e incentivos de sus superiores.
“Estos hechos no hubiesen ocurrido sin alianzas con miembros de grupos paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate”, consideró la JEP.
ATAQUES CONTRA INDÍGENAS
Los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez; así como el resto de implicados; fueron declarados máximos responsables e imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad de asesinato; y desaparición forzada de personas y el crimen de guerra de homicidio.
“La sala determinó que existió un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en relación con estos hechos”, aseguró el magistrado Parra; quien añadió que en este contexto de la región caribe demostraron que “los pueblos indígenas wiwa y kankuamo sufrieron particularmente un daño grave, diferenciado y desproporcionado por las acciones de esta unidad militar”.
De esta forma, estos 15 presuntos responsables “hicieron parte de una organización criminal que se conformó en la unidad militar; y a través de la cual se desplegó una conducta extendida; y a gran escala para presentar resultados operacionales ficticios en los que se presentaron como bajas en combate a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
De todos los asesinatos, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía; quien ya fue condenado por la Justicia ordinaria en el 2013 por nexos con el paramilitarismo justamente por casos relacionados con los “falsos positivos”; y 52 bajo el de Figueroa Suárez, que no ha comparecido a las citaciones de la JEP.
Además, 58 de estos crímenes fueron investigados en la Justicia ordinaria y 13 por la militar; y estaban vinculados alrededor de 280 integrantes del Ejército; pero sólo hubo 14 condenas sobre cinco de estos hechos y sólo siete fueron ejecutadas.
EL SEGUNDO AUTO
El pasado 6 de julio, esta instancia transicional surgida del acuerdo de paz con las FARC decidió imputar a 11 militares y un civil por su “participación determinante en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión” en la región del Catatumbo; en el departamento de Norte de Santander; crímenes perpetrados entre enero de 2007 y agosto de 2008; además de otras 24 desapariciones forzadas.
Entre los 11 imputados se encuentra el brigadier general Paulino Coronado Gámez; quien fue el comandante de la Brigada 30; y dos coroneles, Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez; quienes fueron comandantes de la Brigada Móvil No. 15.
Este segundo auto, de al menos seis, se enmarca en el caso 03 de los “falsos positivos” y renombrado como “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”; donde hay acreditadas a la fecha 1.043 víctimas; de las cuales 658 son mujeres; en lo que fue uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano y que involucra a unos 1.500 militares.
El pasado febrero, la JEP elevó a 6.402 las personas que “fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”; que corresponde con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
En caso de que los acusados reconozcan su responsabilidad y aporten verdad se impondrán sanciones especiales como limitaciones a la libertad de residencia y de movimiento; la realización de trabajos para reparar a las víctimas y la sociedad; por ejemplo la construcción de escuelas o vías; o la participación en programas de promoción medioambiental.
