Canadá anunció la imposición de nuevas sanciones contra 15 altos cargos del régimen nicaragüense, entre ellos la hija del presidente Daniel Ortega, Camila Ortega Murillo, “en respuesta a las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano”.
Los 15 individuos ya habían sido sancionados en los últimos meses por las autoridades estadounidenses; la medida adoptada por el Gobierno canadiense impide a sus ciudadanos, personas o instituciones, actividades económicas con los miembros de esta lista.
En la relación figura el ministro de Finanzas, Iván Acosta; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Reyes; y la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; así como responsables políticos, policiales y militares.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que desde el 2018 “el Gobierno de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos contra su población; incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra manifestantes y la supresión de cualquier oposición política”.
Canadá añadió que pese a las peticiones de la comunidad internacional, el Gobierno del presidente Ortega “se ha negado a implementar reformas significantes para asegurar que su población pueda tener elecciones libres y justas en noviembre de 2021”; en cambio “ha aumentado sus ataques contra derechos civiles y políticos”.
Marc Garneau, ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, afirmó que el país respalda las peticiones del pueblo nicaragüense para “un futuro justo y pacífico arraigado en el respeto fundamental de los derechos humanos, la libertad de los medios de comunicación y el derecho al voto en elecciones libres, justas y transparentes”.
Garneau añadió que Canadá solicita a las autoridades de Nicaragua “la liberación de los detenidos de forma injusta; y el respeto a la ley y las obligaciones internacionales en derechos humanos”.
SANCIONADOS
Los ancionados son Camila Antonia Ortega Murillo, hija de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, coordinadora de la Comisión de Economía Creativa; Ana Julia Guido, fiscal general de la República; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua; Iván Adolfo Acosta Montalván, ministro de Finanzas y Crédito Público
José Jorge Mojica Mejía, estrecho colaborador de la familia Ortega y al que se considera responsable de varias operaciones de lavado de dinero para el enriquecimiento del presidente y su entorno; Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema; Ramón Avellán Medal, subdirector de la Policía Nacional; Luis Alberto Pérez Olivas, máximo responsable de la Policía judicial y director de la prisión de El Chipote; Juan Pastor Urbina, comisionado de Operaciones Especiales del cuerpo.
Juan Valle Valle, comisionado general de la Policía Nacional; Lumberto Ignacio Campbell Hooker, magistrado del Consejo Supremo Electoral; Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos; Fidel De Jesús Domínguez Álvarez, jefe de la Policía Nacional en León; Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea y miembro de la comisión electoral de Nicaragua; Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de brigada del ejército de Nicaragua.
